AGE recurrirá a los tribunales para anular las ayudas a centros segregadores

El grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha pedido hoy la anulación de la orden de Educación que da ayudas a centros que segregan a los alumnos por sexo, o de lo contrario no descarta acudir a los tribunales para exigir que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia contraria a esta práctica.

La Xunta ha decidido renovar los conciertos con los centros que separan a los alumnos por sexo para el curso 2013-2014, salvo en primer curso de Primaria o Secundaria, según el caso, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que pesa sobre la financiación de estos centros presentado por los colegios.

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la resolución de Educación que había quedado aplazada tras la sentencia dictada en marzo de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la financiación de estos centros, tres en A Coruña y dos en Vigo.

Esta sentencia estimaba el recurso interpuesto por el sindicato STEG y declaraba inválidos los concordatos formalizados en 2009 por la Xunta con los colegios que separan a los alumnos por su género.

La Xunta afirmó ayer que la sentencia del TSXG "no es firme", ya que está recurrida ante el Tribunal Supremo por parte de los centros.

El diputado de AGE Ramón Vázquez exige la "inmediata modificación" de la orden publicada ayer para que se anule la financiación a centros que segregan y pide también la comparecencia del conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, "para explicar el flagrante e inexplicable incumplimiento de la legalidad vigente"

Para este diputado el Gobierno del PP "incumple" la sentencia del TSJG que invalida los conciertos con centros que segregan "y aplica de modo anticipado la LOMCE, una norma con la que el PP pretende legitimar su línea ideológica".

"La Xunta subvenciona con dinero de todos una educación propia de los tiempos del franquismo y ya superada, sin base científica ni pedagógica, dedicando 3 millones de euros a este tipo de centros mientras realiza recortes salvajes en la educación pública y obliga a las familias de las clases populares a pagar por el servicio de comedor escolar", reprocha Vázquez a la Xunta.

AGE considera también "inaceptable que se destinen 237 millones de euros al año para la educación privada concertada mientras se continúa ahogando la educación pública gallega, se cierran escuelas y aulas en el rural y se suprimen unos 1.200 profesores".