Age denuncia un caso de "prevaricación" en la adjudicación del proyecto de drones de Rozas

La llevará ante el Tribunal de Contratos Públicos por la "vinculación" de la empresa con el Ministerio de Defensa y con el PP. También recuerda que la adjudicataria está "investigada" en la operación Púnica

Age ha denunciado "prevaricación" en la adjudicación de la Xunta del proyecto para realizar drones en la base de Rozas, en el Ayuntamiento de Castro de Rei (Lugo), a la empresa Indra, debido a su "vinculación" con el Ministerio de Defensa, así como con el Partido Popular, al tiempo que, ha apuntado, está "investigada" en el marco de la operación Púnica, trama de corrupción en la Comunidad de Madrid.

En rueda de prensa este lunes, el diputado de Age Ramón Vázquez ha alertado de un proceso de selección "a medida" para la empresa Indra, "dependiente" del Ministerio de Defensa. Según apunta, uno de los tres miembros del comité técnico asesor de la mesa de contratación del proyecto de drones en Rozas fue Bartolomé Marqués Balaguer, subdirector general de Experimentación y Certificación del Inta, que "depende orgánicamente" de Defensa.

Así, Ramón Vázquez considera "ilegal" que un miembro de la empresa adjudicataria forme parte del comité de adjudicación, ya que "conculca" la ley de contratos públicos, en lo que identifica como un "caso clarísimo de prevaricación", que ve "muy grave".

Al respecto, indica que Bartolomé Marqués recibe por parte del Ministerio de Defensa una retribución de 95.000 euros anuales, de manera que se produce un "conflicto de intereses" a la hora de seleccionar una empresa del propio Ministerio de Defensa.

Por ello, Age reclama a la Xunta que "suspenda de forma inmediata" la adjudicación de este proyecto para realizar aviones no tripulados, del que además de Indra resultó ganador Inaer, y no proceda a firmar el contrato, que según anunció el Gobierno gallego, se rubricará en el mes de abril.

Ante esta situación, Age presentará denuncia ante el Tribunal de Contratos Públicos, a la vez que trasladará informe al Consello Galego da Competencia y el Consello de Contas de Galicia.

DEUDAS Y ERE DE INDRA. Además, el diputado de AGE se ha referido a que esta base de aviones no tripulados contará con 10 millones de euros de fondos públicos para el acondicionamiento de las instalaciones del aeródromo, junto a otros 40 millones para la financiación de proyectos de investigación de drones.

De tal forma, advierte de que Indra incumple los requisitos mínimos de "solvencia económica y financiera", ya que "acumula deudas por más de 700 millones", presentó un ERE que "implicará el despido de 1.750 trabajadores" y las acciones de la empresa "cayeron un 50%" desde 2008.

Por ello, Ramón Vázquez se pregunta "cómo" esta empresa "puede comprometerse a crear empleo" –según los datos de la Xunta el polo aeronáutico de Rozas supondrá 600 trabajos– mientras despide a casi 2.000 trabajadores.

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