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Aduanas acude a la Diputación para un nuevo volcado de archivos informáticos

Agentes de Vigilancia Aduanera se presentaron esta mañana en la sede de la Diputación de Lugo para solicitar el volcado de los archivos informáticos de una trabajadora de la Unidad de Proyectos por orden de la jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara.

Se da la circunstancia de que los archivos informáticos de esa misma trabajadora ya habían sido volcados por agentes de la Policía Nacional el día 21 de mayo por orden de la jueza de refuerzo del juzgado de instrucción número uno, Hortensia Bouso, según apuntaron fuentes de la propia institución provincial a EFE.

En mayo, el gobierno bipartito informó de que la Policía Nacional solicitó el volcado de los correos electrónicos intercambiados entre esa misma trabajadora de la institución provincial y la empresa Gamallo, dentro de la investigación abierta para determinar si se cometieron "irregularidades" en las obras de la piscina de Monterroso.

En un comunicado, el gobierno bipartito explicó entonces que "la Diputación de Lugo ya había puesto en conocimiento de la Fiscalía las presuntas irregularidades" que había detectado "en las obras que esta -empresa- constructora" estaba realizando en la piscina municipal de Monterroso.

De hecho, recordó también en ese escueto escrito que "fruto de la denuncia realizada por la propia Diputación de Lugo está abierta una investigación instruida por el Juzgado de Instrucción Número 1" de la capital lucense, en este caso "por la jueza de apoyo Hortensia Bouso".

Esa investigación trata de determinar si se produjo un desfase de 323.937 euros en las obras de la piscina climatizada de Monterroso.

En concreto, intenta aclarar si se dio por buena una certificación presentada por la empresa constructora en la que se indicaba que sólo que quedaban por realizar trabajos por un importe de 5.523 euros, cuando en realidad faltaba por ejecutar una parte del proyecto valorada en más de 300.000.

Las obras para la construcción de ese complejo deportivo, financiado por la Diputación de Lugo, fueron adjudicadas en el año 2010 a la citada empresa constructora por un importe de 1.276.485 euros.

Los agentes de Vigilancia Aduanera que hoy se presentaron en la Diputación también solicitaron, en este caso por orden de la instructora de la Operación Pokemon, el volcado de los archivos informáticos de otro trabajador, en concreto del antiguo Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social (Inludes), un organismo autónomo dependiente del ente provincial que fue disuelto hace un año.

Los agentes fueron acompañados de personal de la Diputación y, según informaron fuentes del gobierno bipartito, por parte de la institución se intentó colaborar con ellos para ver si los contenidos que buscaban son recuperables, porque ese empleado público ya no trabaja allí.

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