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Administraciones buscan prohibir dádivas o regalos para cualquier empleado público

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha ratificado la "prohibición absoluta" para los cargos políticos y funcionarios de recibir o conceder algún tipo de regalo o dádiva en el desempeño de su trabajo en la institución provincial.

Baltar hizo esta afirmación en la presentación del código ético en la diputación, en la que tras manifestar su "desconocimiento absoluto" de regalos en la institución, subrayó que todo regalo deberá ser "inmediatamente devuelto". "Ni tuve conocimiento ni quiero tenerlo con la aplicación estricta del código ético", proclamó Baltar, quien exigió "tolerancia cero" con este tipo de favores.

Se da la coincidencia de que este mismo jueves, el grupo de Esquerda Unida - Os Verdes de A Coruña ha registrado una moción para que los cargos públicos municipales no puedan aceptar regalos o beneficio alguno por el desempeño de sus funciones.

El máximo mandatario de la Diputación ourensana recordó que otros códigos éticos similares sí permiten estas dádivas con un tope que ronda los 50 o 100 euros, algo que ha descartado en la institución, a excepción de "regalos que tengan un carácter protocolario e institucional". Según recoge el documento, de 16 folios, los trabajadores y diputados de la institución no podrán "ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, regalos, o dádivas, favores o cualquier tipo de compensación, en metálico o en especie". Cuestiones, aclaró, que deberían ser "inherentes al ejercicio de cualquier responsabilidad pública" pero que "no por redundar se tienen que dejar de regular".

El código, de carácter provincial, regula las normas éticas de referencia para los cargos electos y personal al servicio de la administración provincial, como la supresión de nombres en las placas en edificios públicos y establece un pacto antitransfuguismo. Entre los puntos que recoge está el "no mezclar lo institucional con lo partidista". "En las comparecencias públicas de carácter institucional no se hará referencia alguna a fuerzas políticas", así como la prohibición de colocar placas en edificios públicos con nombres de personas, erradicando "una práctica política que fue común en la gestión de las administraciones públicas durante el siglo XX".

Con la aprobación de estas medidas, subrayó que la Diputación de Ourense será "la primera de España en contar con una normativa ética de buena conducta".

Para la supervisión de este trabajo, la diputación creará un "comité de ética", integrado por seis miembros. "Un secretario que sería elegido por sorteo entre los funcionarios pertenecientes al cuerpo superior; un profesor del área de ciencias sociales de la universidad, un miembro del colegio de secretarios y tesoreros de la administración local; un profesional propuesto por el Colegio de Abogados de Ourense, un politólogo nombrado por transparencia internacional y un letrado nombrado por Xunta de Galicia", detalló.

En lo que respecta a las imputaciones, Baltar señaló que no es función de la diputación regular este tipo de circunstancias y apuntó que son las organizaciones políticas las que tienen que regular códigos éticos, fijando "la adecuación de los tiempos procesales según la condición judicial de sus militantes". "No podemos entrar a legislar sobre cuestiones que exceden del ámbito competencial de la Diputación", apuntó Baltar, quien defendió la presunción de inocencia del funcionario Javier Bobe, imputado en relación con supuestas irregularidades en la gestión de fondos europeos, y manifestó que hay que esperar "a que los órganos judiciales se pronuncien".

Los partidos de la oposición -PSdeG y BNG- tendrán hasta marzo para realizar sus aportaciones para su posterior incorporación al documento, cuyo debate iría al pleno de abril.

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