«Totalmente indignados» con la función del interventor se presentaban ayer los integrantes de la comisión de hacienda formada en Viveiro para abordar la elaboración del listado de deuda a proveedores que el Gobierno central obligaba a publicar ese mismo día. El funcionario no les comunicó el listado que envió al Ministerio de Hacienda, aunque extraoficialmente pudieron saber que calculó una deuda de 7,4 millones. Con este resultado y después de días de muchas y tensas reuniones en las que los representantes municipales aseguran que el interventor no cumplió sus funciones, el alcalde anunció que hoy le abrirá un expediente informativo con carácter disciplinario y deja en el aire la posibilidad de suspenderlo de empleo y sueldo.
Melchor Roel recordó que deberían ser enviadas a Hacienda todas las facturas aprobadas y que no tengan inicio de prescripción, lo que a su juicio suponía una oportunidad para «limpiar las cloacas de todos -el gobierno actual y los anteriores- para que todo aquel que hizo un trabajo para el Concello pudiera cobrar». Pero dudan de que el listado que envió el interventor -y que como no les remitió no colgaron en la web municipal- incluya facturas que no deberían estar y deje fuera otras que sí, en base a las reuniones que mantuvieron en los últimos días. Relata el regidor que el interventor dio listados que «eran inaceptables y no se adaptaban a la realidad contable». Por ejemplo, se incluían más de 300.000 euros de cuentas ya pagadas y otras con sentencia judicial de por medio.
El día más tenso fue ayer, por ser límite y porque estuvo lleno de desencuentros. «A primera hora de la mañana manda un escrito en el que dice que hay que dar por prescritas todas las facturas anteriores al 2003», pero dice Roel que no se puede hacer una prescripción generalizada porque algunos proveedores reclamaron, por lo que se interrumpe el plazo.
«Luego plantea que dé conformidad o no a todas las anteriores al 2003», prosigue Roel, a lo que contesta que no tiene ninguna notificación para hacerlo. Llegaron a ayer por la tarde sin un listado definitivo, a pesar de que el interventor dijo en distintas ocasiones que lo tendrían. Conocían uno de las cuentas anteriores al 2003 que sumaba 3,5 millones y otro del 2008 en adelante de 6 millones. Extraoficialmente supieron que notificó a Hacienda una deuda de 7,4 millones pero «aparecen más proveedores que facturas».
Los portavoces mostraron total unanimidad y el más crítico fue el de Ivi, que aseguró que el interventor «mintió y falseó datos», aunque indicó que lo peor del asunto es que el coste que tendrá, porque «habrá que pagar dinero no reconocido y los proveedores reclamarán al Concello judicialmente y habrá que pagar intereses».
