Un juez español investiga a siete responsables políticos y militares de China, dos de ellos ministros, como supuestos autores de un delito de lesa humanidad en relación con la reciente represión ejercida en el territorio de Tíbet.
En un auto que se ha conocido este martes, el juez Pedraz confirma que se ocupa de investigar a esos responsables porque presuntamente dirigieron desde el pasado 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", con el resultado de 203 muertes, un millar de heridos graves y 5.972 desaparecidos.
A tres días del inicio de los Juegos Olímpicos, el magistrado de la Audiencia Nacional española ha dado a conocer un auto en el que admite a trámite la querella interpuesta por estos hechos por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.
Un crimen contra la humanidad
El juez considera que la Justicia española es competente para la investigación de estos hechos, que pueden ser constitutivos, según indica el auto, de un crimen contra la humanidad y, en concreto, de lesa humanidad, "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención (...) con infracción de las normas internacionales (...) y las torturas".
Según el auto, la población tibetana es perseguida por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".
Siete 'peces gordos'
Los siete políticos y militares chinos ahora imputados en esta causa son los ministros de Defensa, Lian Guanglie, y de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.
La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; el comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y el comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.
Pedraz cita además a declarar como testigos para el 4 de septiembre al responsable de seguridad del gobierno tibetano en el exilio y al director del centro tibetano para los derechos humanos y la democracia del Ministerio de Seguridad del gobierno tibetano en el exilio, y para el 7 de septiembre al responsable del reciente informe de Amnistía Internacional sobre la represión en el Tíbet.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los 80 y los 90.
La Audiencia Nacional se declaró el 10 de enero de 2006 competente para investigar el genocidio denunciado ante la imposibilidad de que pudiera ser investigado por tribunales chinos o por el Tribunal Penal Internacional.
Un juez español investiga la última represión China en el Tibet
