El escándalo de corrupción urbanística y financiera, el mayor vivido en Turquía en décadas, desembocó hoy en una remodelación el gabinete tras la dimisión de tres ministros, lo que pone contra las cuerdas al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, que incluso fue invitado a dimitir desde sus propias filas.
A primera hora de la mañana de ayer dimitieron Zafer Çaglayan, el titular de Economía, y Muammer Güler, de Interior, denunciando en términos casi idénticos la investigación judicial como "una maquinación sucia" con el objetivo de hundir el Ejecutivo.
Poco más tarde renunció Erdogan Bayraktar, ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, aunque señalando que la mayor parte de los proyectos urbanísticos bajo sospecha habían sido aprobados por el propio primer ministro.
Mientras que Güler y Çaglayan únicamente dejaron su cargo, Bayraktar también dimitió de su escaño del Parlamento.
Tras una reunión de urgencia con el presidente, el también islamista Abdullah Gül, el primer ministro anunció poco antes de la medianoche una remodelación profunda de su gabinete.
Al mismo tiempo, en Ankara, Estambul y Esmirna arreciaban las protestas ciudadanas, que pedían la dimisión de todo el Ejecutivo.
La policía dispersó con gas lacrimógeno una protesta de cientos de personas en el barrio estambulí de Kadiköy, pero para el viernes se ha convocado otra gran concentración en Estambul.
Las horas de incertidumbre entre la dimisión y los nuevos nombramientos han mostrado que el escándalo ha dejado a Erdogan en entredicho incluso entre sus correligionarios, sobre todo después de que Bayraktar le sugiriera dimitir también.
Entre los nuevos nombres no hay ningún peso pesado del gobernante partido AKP, excepto el de Bekir Bozdag, hasta ahora viceprimer ministro y ahora transferido a Justicia.
Mevlüt Çavusoglu, entre 2010 y 2012 presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, será el nuevo titular de Asuntos Europeos, en reemplazo de Egemen Bagis, hasta ahora uno de los ministros más influyentes del gabinete.
El actual escándalo de corrupción supone un golpe duro al gobierno, cuando falta sólo tres meses para las elecciones locales, fijadas para el 30 de marzo del año que viene.
Horas antes, en un largo discurso ante los líderes provinciales de su partido, Erdogan había insistió en que la investigación judicial es "un ataque, no ya al AKP, sino a toda la nación, un complot obvio, una maquinación".
Asemejó la investigación judicial a las protestas populares de Gezi en verano pasado, que calificó de "evidente traición".
"Es una conspiración internacional", abundó, señalando como motivos el deseo del "lobby financiero" de subir los intereses, y la envidia provocada por la prevista construcción del tercer aeropuerto más grande del mundo en Estambul.
Erdogan denunció que "los 9 días de investigación judicial han causado daños por 20.000 millones de dólares a las empresas turcas", al caer la Bolsa, y 1.625 millones al banco público Halkbank, cuyo director está entre las 24 personas en prisión preventiva.
Halkbank formaba parte hasta el verano pasado de un esquema financiero que permitía comprar petróleo y gas de Irán y pagar en oro, evitando así las sanciones impuestas por EEUU a las transacciones bancarias con la república islámica.
Erdogan prometió luchar contra "las bandas que operan en Turquía bajo el manto de la religión", en obvia referencia al movimiento del predicador exiliado Fethullah Gülen, cuyos seguidores son numerosos en la Judicatura.
"No permitiremos que se establezca un Estado paralelo al Estado", prometió, en referencia a la bien estructurada red "gülenista", que hasta este verano había respaldado las posiciones del AKP y probablemente fue un importante factor a la hora de ayudarle a ganar las últimas elecciones.
La investigación se centra en dos aspectos: los sobornos en la compra de petróleo iraní a cambio de oro y la adjudicación de suculentas contratas de construcción en terrenos recalificados por los políticos del AKP, una práctica habitual, según los analistas.
La corrupción urbanística se habría visto favorecida por leyes que eliminaban la necesidad de informes técnicos y por la opaca estructura de TOKI, la agencia pública de Vivienda, sometida únicamente al control del primer ministro.
La guerra parece lejos de haber concluido: hoy mismo, la Fiscalía confirmó que investiga también un sistema de supuestas corruptelas en la empresa pública de ferrocarriles, la TCDD, aunque aún no ha llamado a declarar a nadie.
El diario "Today's Zaman", cercano a Gülen, asegura que la investigación se ha hecho pública, porque una nueva norma del gobierno, decretada el sábado, obliga a la policía a informar a sus superiores jerárquicos, lo que conlleva el peligro de que el Ejecutivo pueda obstruir o frenar la operación.
