Turquía suspende a más de 12.000 policías bajo sospecha de golpismo

Se les acusa de estar vinculados a las redes del predicador Fethullah Gülen
Recep Tayyip Erdogan
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Las autoridades turcas han decidido suspender a más de doce mil policías por supuesta vinculación con las redes del predicador Fethullah Gülen, a quien Ankara acusa de estar detrás del fallido golpe militar de julio pasado, informó este martes el diario Haberturk. El rotativo, cercano al Gobierno turco, precisó que la decisión se tomó poco después de la pasada medianoche y será transmitida a los policías afectados, que están repartidos por las 81 provincias del país.

No obstante, el mayor número de ellos se concentra en Ankara (1.350), Izmir (570), Diyarbakir (650) y Hakkari (350). Entre los suspendidos hay también varios altos cargos, añade el periódico y explica que la Dirección de Seguridad investigará a cada policía suspendido, que será a su vez despedido si se verifica su vinculación con la cofradía de Gülen.

Según ha informado recientemente el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag, en los dos meses y medio transcurridos desde la fallida asonada del 15 de julio unas 70.000 personas han sido suspendidas de sus cargos, en su mayoría públicos, y 35.000 han sido detenidas bajo la ley del estado de emergencia.

Bozdag explicó que estas medidas se han tomado dentro de las investigaciones judiciales para esclarecer las responsabilidades del golpe. El Consejo de Ministros de Turquía decidió este lunes prorrogar otros 90 días el estado de emergencia proclamado el 20 de julio.

El presidente, Recep Tayyip Erdogan, declaró el jueves que puede ser necesario alargar esta situación "hasta 12 meses" para combatir la red de simpatizantes de Gülen, quien vive en Estados Unidos desde 1999, por lo que Ankara ha pedido a Washington su extradición.

Bajo el estado de emergencia, el Gobierno tiene potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia.

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