Al menos 25 puntos de la red de carreteras peruanas, entre ellas las panamericanas Sur y Norte, fueron cortados este lunes por manifestantes que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso con la quema de ruedas y contenedores, informó la Policía Nacional.
El punto donde se han registrado protestas más numerosas es la localidad de Chala, en la región sureña de Arequipa -una de las cunas de la minería peruana-, donde cerca de 4.000 personas participan en una protesta que fue de las primeras en comenzar en todo el país.
Las regiones del sur de Perú, donde el expresidente Pedro Castillo tiene más apoyo, suman la mayoría de los cortes de la red de carretas, principalmente en los departamentos de Arequipa, donde los manifestantes también han tomado el aeropuerto internacional, y Cuzco.
En el norte del país, la Policía Nacional de Perú (PNP) solo ha registrado cortes de carreteras en la provincia costera de Trujillo, donde una centena de pobladores de la región de Viru han cortado la Panamericana Norte en el kilómetros 503 y 512 para pedir la liberación de Castillo.
Los cuerpos policiales han contado al menos seis puntos cortados en Arequipa, los mismos que en Cuzco y dos más que en la costera provincia de Ica.
Otras provincias del sur e interior del país como Puno, Abancay, Uyacali y Tacna también han sufrido cortes de carreteras por parte de los manifestantes.
En total, la policía peruana cuenta que más de 6.000 manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte son los causantes de los cortes de carreteras que afectan a miles de conductores.
Medios locales también reportaron que se ha suspendido la venta de billetes de autobús en diversos puntos del país por precaución frente a los paros en carreteras, lo que ha dejado a pasajeros incomunicados.
Este domingo se han multiplicado una serie de movilizaciones y protestas en distintas regiones del país por grupos que rechazan la destitución del expresidente Pedro Castillo, así como la asunción de Boluarte y reclaman la convocatoria a un adelanto de elecciones generales.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
El abogado de Castillo dice que "se están violentando" sus derechos
El abogado Miguel Pérez Arroyo, defensor del expresidente peruano Pedro Castillo, afirmó este lunes que en el Congreso "se están violentando" los derechos del exgobernante, quien permanece detenido.
Pérez Arroyo declaró al Canal N que el Congreso "está subsanando errores y vacíos cometidos desde el inicio" del proceso de destitución de Castillo.
El abogado aseguró que el Legislativo también levantó durante la madrugada de este lunes la inmunidad de Castillo "cuando no se le había pedido todavía" esa medida y enfatizó que, con decisiones de ese tipo, "se están violentando derechos, procedimientos".
"No estamos procesando a cualquier persona, sino a un expresidente de la República, desde el punto de vista penal se debe tener más cuidado", enfatizó.
Por ese motivo, consideró que esas decisiones no van "a tener valor desde la perspectiva legal y constitucional" y también acusó a la Fiscalía de estar "cometiendo varios errores" al presuntamente no cumplir "con todas la garantías que contempla la ley".
Confirmó que va a cuestionar legalmente esas medidas, aunque declinó adelantar su estrategia de defensa.
El Congreso peruano aprobó durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial a Castillo, que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios- y abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por el delito de rebelión.
La resolución propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence el próximo miércoles.
La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, en tanto que el gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante.
Este lunes, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo, y tres de sus ministros, como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración.
Además, como presunto autor del delito de abuso de autoridad, y de grave perturbación de la tranquilidad pública.
