El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado el golpe de Estado del jueves en Níger, al tiempo que expresó la disposición del organismo internacional para ayudar a resolver la crisis de forma pacífica y duradera.
Ban ''condena el golpe de estado en Níger y reitera su desaprobación de todo cambio anticonstitucional de gobierno, así como toda tentativa de quedarse en el poder por vías no constitucionales'', señaló su portavoz, Martin Nesirky, mediante un comunicado.
Un grupo de militares de Níger, reunidos en el autodenominado Consejo Supremo para la Restauración de la Democracia (CSRD), protagonizó el jueves un golpe de Estado contra el presidente de ese país africano, Mamadou Tandja. Posteriormente decretó la suspensión de la Constitución, estableció el toque de queda y cerró las fronteras.
Reestablecer el orden constitucional
El responsable de la ONU ''toma nota de la declaración del CSRD de que su intención es restablecer el orden constitucional en Níger'', señaló el portavoz, que también dijo que Ban ''exhorta'' a ese grupo a ''trabajar para lograr ese objetivo de manera consensuada e inclusiva con el conjunto de la sociedad nigerina''.
Asimismo realizó un llamamiento ''a la calma y al respeto del estado de derecho en Níger, al igual que de los derechos humanos''. Ban reiteró, además, la disponibilidad de Naciones Unidas para apoyar ''las iniciativas que busquen resolver la crisis política y constitucional de Níger de manera pacífica y duradera''.
La ONU, mediante el representante especial del secretario general para Africa Occidental, trabaja ya en estrecha colaboración con la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) para resolver la crisis.
Crisis desde hace meses
Níger vivía desde hace varios meses en un clima de gran inestabilidad política tras la decisión del presidente Tandja de ampliar su mandato más allá de los dos períodos de cinco años establecidos por la Constitución del país.
Tandja disolvió el Parlamento, que se opuso a sus intenciones, y destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional, que declararon ilegal la reforma de la Carta Magna.
El pasado agosto convocó un referéndum para aprobar la modificación a la carta constitucional, que ganó por amplia mayoría entre acusaciones de fraude y de golpe de Estado encubierto por parte de los partidos de oposición.
