La Fiscalía de Sao Paulo solicitó este jueves la detención preventiva del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por los presuntos delitos de blanqueo de dinero mediante ocultación de patrimonio y falsificación de documentos, en un proceso por corrupción paralelo al que investiga las irregularidades en Petrobras. El ministerio público alega que es "imprescindible" ordenar el arresto de Lula de forma precautoria, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
Los fiscales acusan a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS –implicada también en el escándalo de Petrobras– y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones. De verificarse las sospechas de los investigadores, ello implicaría que incurrió en un delito de lavado de dinero por medio de la ocultación de su patrimonio, que se castiga con penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional, que no tiene plazo definido para pronunciarse
Según los fiscales, la detención de Lula es necesaria debido a que "es conocido que posee poder de expresidente de la República, lo que hace que su posibilidad de evasión sea muy simple". Al respecto, consideran que los seguidores del exdirigente pueden promover "maniobras violentas" y presentarlo como "un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el estado democrático de derecho".
Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo. Horas antes, ante las voces que ven una maniobra política tras estas acusaciones, el fiscal José Carlos Blat aseguró en la misma jornada que su departamento "no trabaja con un calendario político". "Nuestro calendario es judicial", sentenció.
La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.
