El fiscal jefe del TPI --Tribunal Penal Internacional--, Luis Moreno Ocampo, ha apelado la decisión de los jueces de no acusar al presidente de Sudán, Omar Hassan al Bashir, de genocidio por el conflicto en la región de Darfur.
El TPI emitió el pasado marzo una orden de arresto contra Al Bashir al acusarle de crímenes de guerra y contra la humanidad, pero entonces anticiparon que no había pruebas suficientes que apoyaran los tres cargos por genocidio que había propuesto Moreno Ocampo. Desde que se emitió la orden de detención, Al Bashir ha hecho varios viajes al extranjero en claro desafío al TPI, pero siempre a países que no han firmado el Estatuto de Roma que supuso la creación del tribunal.
La Unión Africana se desentiende de las acusaciones
Precisamente, el fiscal jefe se encuentra en Etiopía, donde se reunirá con responsables de la Unión Africana (UA), organismo que declaró la semana pasada que ninguno de sus Estados miembros ayudaría a arrestar al presidente sudanés porque su petición al Consejo de Seguridad de la ONU de retrasar la orden de detención había sido ignorada.
Moreno Ocampo explica en su apelación entregada que la acusación ha presentado "pruebas detalladas sobre la mobilización y utilización del aparato del Estado sudanés al completo con el objetivo de destruir una gran parte de los grupos étnicos fur, masalit y zaghawa en toda la región de Darfur a lo largo de más de seis años".
Al Bashir ha negado todas las acusaciones y ha alegado que el Estado tiene la responsabilidad de combatir a los rebeldes que se alzaron en armas en Darfur en el año 2003. Desde entonces, según cifras de Naciones Unidas, unas 300.000 personas han muerto y más de dos millones se han visto obligadas a huir de sus hogares.
Dentro de seis días, el próximo 14 de julio, se cumplirá un año desde que Moreno Ocampo solicitó la orden de detención contra el presidente de Sudán, donde han muerto más de 300.000 personas en cinco años de conflicto. Es el tercer jefe de Estado imputado por el TPI tras el serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor, pero era la primera vez que el Tribunal actúa contra un presidente en activo. Desde Sudán, que no forma parte del TPI, no se reconoció en ningún momento la imputación.
La acusación contempla diez cargos: tres de genocidio, cinco de crímenes de lesa humanidad y dos cargos de crímenes de guerra, incluyendo tortura, asesinatos, acoso y daño psicológico y violación.
Decisión en manos de los jueces
El fiscal afirmó entonces que las autoridades judiciales sudanesas "no realizan ninguna investigación sobre estos crímenes", lo cual es una norma para que un caso sea elevado a una Corte internacional. Moreno Ocampo presentó a los jueces el resultado de su segunda investigación en Darfur.
Pero según las normas de funcionamiento de la Corte, basadas en el Estatuto de Roma, la decisión de emitir una orden de arresto quedaba en manos de los jueces. Finalmente, fue dictada en marzo de 2009.
Sudán, la mayor nación del continente africano, sufre múltiples divisiones religiosas, étnicas y socio-económicas, acentuadas por las luchas para apropiarse las riquezas naturales, desde que en 1978 se descubriera petróleo al sur del país.
