La posibilidad de un paro total hoy de las obras de ampliación del Canal de Panamá ha sido descartada ayer, al menos de momento, por el consorcio a cargo, mientras la administración de la vía acuática insistió en que la intención de suspensión "es inválida" y viola el contrato.
Paralelamente, la Comisión Europea (CE) informó que ha aceptado, a pedido del contratista, mediar en el conflicto, derivado de un reclamo del consorcio GUPC de más de 1.600 millones de dólares por "sobrecostos" que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no reconoce por injustificados.
En un comunicado de un solo párrafo enviado a Efe, el Grupo negó que tenga previsto suspender las obras mañana, cuando vence el preaviso de 21 días que envió a la ACP en diciembre pasado y en el que planteaba esa posibilidad por falta de liquidez.
El preaviso "da derecho al consorcio a suspender las obras en cualquier momento a partir del día 21, sin que en este momento ese escenario este contemplado", dijo el consorcio, aunque aclaró que su "Consejo de Administración podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento".
La ACP, en un comunicado difundido este domingo, sostuvo que la intención de suspensión "es inválida" porque la cláusula invocada por el consorcio no aplica. "La subcláusula 16.1 del contrato (...) aplica cuando el empleador, es decir, la ACP, incurre en un impago de las cuentas que está obligada a pagar al contratista mensualmente, lo cual no ha sucedido", señaló la misiva.
Añadió que "los niveles de producción en el proyecto son bajos sin ninguna justificación", algo que ya había dicho esta semana el administrador de la ACP, Jorge Quijano, al asegurar que el consorcio había bajado el ritmo de trabajo en al menos un 70 % en comparación con noviembre pasado.
La Autoridad reiteró que "analizará toda propuesta" para reflotar el proyecto que el consorcio "presente de manera formal" y esté enmarcada en el contrato. Aseveró que este "fin de semana ha mantenido comunicaciones informales con el ejecutivo principal de Sacyr, líder del consorcio, con el fin de que se encuentre una solución que normalice la situación que se viene viviendo en el proyecto desde hace semanas", sin más precisiones.
En busca de una salida consensuada y enmarcada en el contrato, las partes iniciaron el pasado 7 de enero conversaciones, un día después de una visita a Panamá de la ministra española de Fomento, Ana Pastor, para mediar en el conflicto.
La ACP propuso un desembolso conjunto de 200 millones de dólares y la moratoria de dos meses en el pago de un anticipo 83 millones de dólares otorgado al GUPC, que Quijano calificó el pasado día 8 como "la oferta razonable".
El consorcio ha planteado que la ACP saque 400 millones de dólares y el GUPC otros 100, mientras que Impregilo difundió a través de los medios una propuesta que implicaba que la Autoridad desembolsara ente 500 y 1.000 millones de dólares.
Ambos planteamientos fueron rechazados por Quijano con el argumento de que están "fuera del contrato". "La propuesta de GUPC, la única que puede ser practicada, es también la única que va a permitir cumplir el proyecto en el menor tiempo posible", afirmó el miembro de la junta directiva del GUPC, Paolo Moder, dijo en una declaración escrita enviada este domingo a Efe.
En ese escenario, el vicepresidente de la CE y responsable de Industria, Antonio Tajani, dijo este domingo a Efe en entrevista telefónica en Bruselas que ha aceptado la petición del consorcio para que "intente mediar en la solución del problema". "Pido desde ahora a todas las partes un esfuerzo para converger hacia una posición común. Sirve de poco repetir las propias posiciones sin avanzar hacia el punto de encuentro", advirtió Tajani.
El GUPC se adjudicó en el 2009 el proyecto de construcción del tercer juego de las esclusas del Canal por su oferta de 3.118 millones de dólares, y la ACP ha desembolsado 2.831 millones de dólares, incluidos 784 millones en anticipos reembolsables.
