Un tribunal de Estambul ha impuesto hoy cadena perpetua a siete generales retirados, entre ellos Ilker Basbug, jefe del Estado Mayor entre 2008 y 2010, al emitir la primera tanda de sentencias en el marcojuicio de Ergenkon, una trama militar golpista.
Los jueces pronunciaron 19 cadenas perpetuas, impusieron sentencias de entre 2 y 49 años de cárcel a otros 62 acusados y absolvieron a 21 personas.
El tribunal consideró probado que Basbug y otros altos cargos militares, entre ellos los generales Hursit Tolon y Hasan Igsiz, comandantes en jefe del Primer Ejército de las Fuerzas Armadas turcas, conspiraron a inicios de la década pasada para derrocar el gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista moderado).
Basbug rechazó todos los cargos en un juicio que muchos simpatizantes de los acusados han calificado de farsa y persecución política. "La nación dirá la última palabra sobre estos acusados, y la nación ni puede equivocarse ni engañarse", manifestó el exgeneral en su cuenta oficial de la red Twitter tras conocer la sentencia. "Los que siempre han estado del lado de los derechos y la justicia tienen la conciencia tranquila; yo estoy así", añadió, al tiempo que aseguró que el Estado de Derecho no se puede garantizar en un país en el que sociedad cuestiona la independencia de los jueces.
Ya ayer, Basbug había adelantado en Twitter que sería condenado y que este juicio constituye "una mancha negra nunca vista en el Estado y el Ejército turco".
De las 19 cadenas perpetuas impuestas hoy, siete corresponden a generales retirados, cuatro a excoroneles y el resto a políticos, periodistas y abogados.
Entre estos últimos destaca Alparslan Arslan, un ultranacionalista que en 2006 asesinó en Ankara a un juez e hirió a otros cuatro.
También recibió la perpetua Dogu Perinçek, presidente del minoritario Partido de Trabajadores, una formación de tintes ultranacionalistas, mientras que una decena de miembros de este partido fueron condenados a penas de cárcel.
Tres diputados del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el mayor de la oposición, socialdemócrata y laico, fueron condenados a penas de entre 12 y 34 años de cárcel, aunque el más conocido de entre ellos, Mehmet Haberal, médico y exrector de una universidad, fue puesto en libertad a continuación, por haber cumplido ya parte de su condena en prisión preventiva.
Mustafa Balbay, diputado del CHP y periodista acusado por su relación con el portal de noticias nacionalista odatv, había calificado antes de la sentencia el caso de "político", advirtiendo que vendría "un otoño caliente".
Su compañero de celda Tuncay Özkan, periodista, empresario de comunicación y activista político, fue condenado a la perpetua.
Desde primeras horas de la mañana, la policía había impuesto enormes medidas de seguridad alrededor de la prisión de Silivri, a unos 70 kilómetros al oeste de Estambul, donde se celebra el juicio.
Todas las carreteras alrededor de la localidad fueron cerradas por la policía, que no permitió a nadie acceder a las inmediaciones del juzgado, excepto abogados, periodistas y diputados.
Cientos de autobuses con manifestantes de diversas provincias de Turquía tuvieron que quedarse en el camino y se impuso incluso una prohibición de sobrevolar la zona.
A media mañana, la policía cargó con granadas de gas lacrimógeno contra grupos de manifestantes que se acercaban a través de los campos, con el resultado de que algunos sembrados acabaron siendo pasto de las llamas.
Las sentencias ponen fin a cinco años de investigación en un macrojuicio que arrancó en octubre de 2008, y en el que la fiscalía ha pedido 64 cadenas perpetuas, por considerar que los acusados planeaban asesinatos y atentados masivos con la meta de causar disturbios y provocar la caída del gobierno del AKP.
Las primeras detenciones de generales habían despertado en Turquía la esperanza de que la institución castrense perdería su estatus de inmunidad y que los jueces investigarían a fondo las supuestas relaciones entre la cúpula militar, los servicios secretos, y organizaciones criminales.
Pero cinco años después, tanto la oposición laica como algunos grupos de activistas proderechos consideran que el juicio está politizado y que se utiliza a la Justicia para purgar de las Fuerzas Armadas a quienes discrepan del rumbo del Gobierno islamista.
