El Supremo analiza el plan migratorio de Obama, que rechaza el Congreso

El dictamen del alto tribunal sobre la reforma del presidente para regularizar a casi cinco millones de indocumentados llegará en junio
Decenas de manifestantes se congregaron frente al tribunal en Washington
photo_camera Decenas de manifestantes se congregaron frente al tribunal en Washington

Los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos escucharon este lunes argumentos a favor y en contra del plan migratorio del presidente Barack Obama, destinado a frenar la deportación de unos cinco millones de indocumentados. Entre los detractores de esta reforma se situó, por iniciativa de la mayoría republicana, el Congreso, representado en la audiencia por la abogada Erin E. Murphy"No creemos que el Gobierno tenga el poder para poner a estos individuos bajo el estatus de la acción diferida", afirmó la letrada al exponer sus argumentos en apoyo de los 26 estados, liderados por Texas y la mayoría dirigidos por gobernadores republicanos, que bloquean las medidas migratorias del mandatario demócrata. 

Este inusual paso de la Cámara baja ha llevado al Ejecutivo ante la máxima instancia judicial del país con el argumento de que el presidente "no tiene el poder" para escribir las leyes, sino que solo el Congreso tiene capacidad para legislar. Pero los propios jueces escenificaron este lunes la división reinante al expresar diferentes opiniones sobre la legalidad del plan, aunque aún hay margen para que lleguen a un entendimiento, porque el caso será resuelto en el mes de junio.


Texas y los estados republicanos alegan que la regularización les acarrearía daños económicos


Frente a la postura de la mayoría republicana, las medidas migratorias de Obama recibieron el apoyo de 225 miembros demócratas de la Cámara Baja y el Senado, así como un grupo bipartidista de antiguos legisladores, entre los que destaca el exsenador republicano de Indiana Richard Lugar.

La segunda parte de la audiencia estuvo centrada en examinar si Obama se extralimitó o no al proclamar en noviembre de 2014 unas medidas que frenarían la deportación de los jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos con residencia permanente. En representación de la coalición de estados, el abogado Scott Keller puso de ejemplo a Texas para argumentar que sufriría graves daños económicos al tener que expedir de forma masiva licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados, que pasarían a tener derecho a esos carnés. Por el contrario, el Gobierno argumentó que los estados no tienen ningún tipo de autoridad para desafiar las acciones ejecutivas porque, al no haber entrado en vigor, todavía no han causado ningún daño concreto y tangible a sus arcas y, por tanto, el caso se sustenta sobre hipótesis y no hechos.

Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor, la primera hispana en el alto tribunal, pusieron en duda la capacidad de Texas para interponer la demanda y sugirieron que los estados no deberían desafiar los beneficios migratorios, sino las regulaciones que les permiten obtener un permiso de trabajo y una licencia de conducir. En esa línea, el juez Stephen Breyer, considerado "centrista", opinó que el argumento de los estados sobre los daños económicos de las medidas es insuficiente, pues "al fin y al cabo, el dinero es dinero" y esa es una cuestión entre "el Gobierno y los ciudadanos", que son los que tendrían que pagar posibles sobrecostes.

El dictamen llegará en junio, en plena campaña de elecciones primarias y a pocas semanas de que los partidos demócrata y republicano elijan a sus candidatos para la Casa Blanca en las convenciones nacionales de julio.

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