Francia culmina por la fuerza la aprobación de su polémica reforma laboral

El Gobierno francés culminó este miércoles por la fuerza el trámite parlamentario de su reforma laboral, aprobada sin ser sometida a voto gracias de nuevo a un ardid constitucional, que sólo podrá ser revocado con la improbable presentación de una moción de censura.

A falta de una mayoría en la Asamblea Nacional que le permitiese sacar adelante la llamada ley El Khomri -por el nombre de la ministra de Trabajo-, el Ejecutivo dirigido por Manuel Valls recurrió por tercera vez al artículo 49.3 de la Carta Magna, en esta ocasión en la lectura definitiva del texto.

La oposición tiene hasta este jueves a las 16.30 locales (14.30 GMT) para presentar una moción de censura, que sería la única forma de evitar que el proyecto de ley, que ha suscitado fuertes protestas en las calles, quede definitivamente adoptado. Sin embargo, tanto la derecha como los socialistas rebeldes y otras fuerzas de izquierda no han mostrado voluntad de presentar esa propuesta, por lo que no parece que nada vaya a impedir que la controvertida ley vea la luz.

Ni siquiera la fuerte presión ejercida por los sindicatos contra el texto, con más de una decena de jornadas de movilización y numerosas huelgas, ha conseguido la retirada completa del texto, aunque sí ha suavizado en buena medida su contenido inicial.

Quizá por el período vacacional, quizá por cierto hastío entre la población, la aprobación este miércoles de la reforma no vino acompañada por ninguna manifestación ni protesta como las que habían acompañado a la ley en cada paso por la Asamblea o por el Senado.

Valls justificó la utilización por tercera vez del artículo 49.3 con el argumento de que la reforma del mercado de trabajo es "una gran reforma de este quinquenio", y además "no hay mayoría alternativa". "Este es un texto de progreso" que en primer lugar "da confianza a los trabajadores y a los empresarios", señaló el primer ministro socialista en referencia a uno de los aspectos más criticados de la reforma, que da primacía a los acuerdos dentro de la empresa sobre los acuerdos sectoriales.

Las centrales sindicales criticaron la "adopción con fórceps" de una ley "regresiva" que, a su juicio, cuenta con el rechazo de la mayoría de los franceses, según consideró el mayor sindicato del país, la CGT. "Este Gobierno no ha escuchado a quienes se han movilizado y se han expresado en contra de este proyecto", señaló la CGT, al tiempo que consideró que el Ejecutivo de Valls "ha perdido la batalla ideológica".

Los diputados de la oposición de izquierda barajan ahora la posibilidad de presentar un recurso ante el Consejo Constitucional por el supuesto "no respeto del debate parlamentario" en el que habría incurrido el Gobierno. Para ello, necesitarían las firmas de 60 diputados, algo que solo lograrían si se suman algunos parlamentarios de la bancada de derechas.