EE UU impuso este miércoles por primera vez sanciones al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y castigó a otros diez funcionarios norcoreanos por las violaciones de derechos humanos cometidas por su régimen, con la esperanza de presionar a ese Gobierno y entorpecer su acceso al sistema financiero mundial. La medida suma a Kim Jong-un a la lista de líderes que han sido sancionados en el pasado por Estados Unidos por el mismo motivo, como el sirio Bachar Al Asad, el libio Muamar Al Gadafi, el iraquí Sadam Husein y el zimbabuense Robert Mugabe.
"Bajo Kim Jong-un, Corea del Norte sigue infligiendo una crueldad y sufrimiento intolerables a millones de personas de su propio pueblo, incluidos asesinatos extrajudiciales, trabajos forzados y tortura", afirmó en un comunicado el subsecretario del Tesoro en funciones para Inteligencia financiera, Adam J. Szubin.
La sanción consiste en la congelación de sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a los ciudadanos de EE UU de comerciar con ellos
Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a Kim Jong-un, otros diez funcionarios norcoreanos y cinco entidades del país y consisten en la congelación de las propiedades que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición a los ciudadanos de EE UU de implicarse en transacciones financieras con ellos. Washington confía en que esas penalizaciones tengan "un efecto dominó en todo el mundo", ya que los bancos y las entidades financieras internacionales usan la lista de individuos y entidades sancionadas por el Tesoro "para medir el riesgo" de negociar con alguien, según aseguró un alto funcionario estadounidense.
"La inclusión en esta lista hace arriesgado que cualquier entidad de todo el mundo albergue las propiedades de ese individuo en cualquier lugar", añadió en una conferencia de prensa telefónica. Además, las sanciones tienen el efecto de "acabar con el anonimato" bajo el que operaban muchos de los funcionarios identificados este miércoles como violadores de derechos humanos.
"Aunque el hecho de que los nombremos puede no afectar sus vidas en el presente, sí puede tener un impacto en cualquier escenario futuro" en el que caiga el régimen de Kim Jong-un, apuntó la fuente.
El Tesoro atribuye a Kim Jong-un abusos graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, trabajos forzados y tortura
Las sanciones contra Kim Jong-un se justifican porque dirige "uno de los países más represivos del mundo", con abusos "graves de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y detenciones, trabajos forzados y tortura", según indicó el Tesoro en su comunicado. "Consideramos que Kim Jong-un es claramente el responsable último de los abusos del régimen (norcoreano) contra su pueblo", subrayó uno de los funcionarios que hablaron en la conferencia de prensa.
Junto al anuncio del Tesoro, el Departamento de Estado envió un informe al Congreso en el que identifica a 23 individuos y entidades norcoreanas —incluido Kim Jong-un— a los que considera responsables de los abusos de derechos humanos en el país, y que están sujetos a sanciones de EE UU. Entre ellos está el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (PTC), Ri Su-yong; el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, O Kuk-ryol; y el vicemariscal y director del buró político del Ejército Popular, Hwang Pyong So, considerado el brazo derecho de Kim Jong-un.
También figuran Choe Pu-il, el ministro de Seguridad Pública, la entidad encargada de los campos de trabajos forzados y de implementar las políticas de censura en el país y responsable, según el informe estadounidense, de numerosos actos de tortura, así como otros dos funcionarios de ese departamento. Asimismo, quedan sancionados el ministro de Defensa norcoreano, Pak Yong-sik; el director de la oficina de prisiones en el ministerio de Seguridad Estatal, Kang Song-nam; el director del Departamento de Propaganda y Agitación, Kim Ki-nam, y su vicedirector, Ri Jae-il; entre otros.
El Tesoro también sancionó al propio Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Seguridad Estatal, a la Oficina Correccional de Corea del Norte, a la Oficina de Prisiones de Corea del Norte y al Departamento de Organización y Planificación, encargado de las políticas de censura en el país.
El Departamento de Estado actualizará periódicamente su informe con otros posibles violadores, y espera enviar con ello un mensaje a los norcoreanos de que "si se implican en abusos, sabremos quiénes son y acabarán en una lista negra que conllevará grandes desventajas", según uno de los funcionarios.
