La persecución étnica y religiosa en Birmania muestra una triste vigencia en 2018. La etnia rohingya —una comunidad apátrida mayoritariamente musulmana, perseguida tiempos inmemoriales en una zona de mayoría budista al noroeste de Myanmar— es objeto de una brutal ola de violencia desde agosto de 2017, que empujó al éxodo a millares de personas.
A falta de datos oficiales, una investigación publicada en agosto por académicos, profesionales y organizaciones de Australia, Bangladesh, Canadá, Noruega y Filipinas estimó en unos 25.000 los rohingyas muertos a manos del Ejército birmano. Se calcula, además, que unas 19.000 mujeres fueron violadas y que los hijos del genocidio, fruto de esas violaciones y del alto nivel de natalidad de esta minoría, nacidos este año en los campamentos de refugiados de Bangladesh pueden llegar a los 50.000.
Hace más de 40 años que los rohingyas se refugian en Bangladesh pero la emergencia se ha recrudecido en los últimos meses, según informa Acnur, y se ha convertido en la que más rápido crece en todo el mundo, por encima de países como Siria o Sudán del Sur. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados calcula que cada minuto, diez personas llegan a los campos de Kutupalong y Nayapara, donde convive casi un millón de rohingyas , sumando los 200.000 huidos en anteriores oleadas de violencia —desde los años 70— y el más de medio millón que entró en el país últimamente.
Viven en chozas de plástico y bambú en los masificados campamentos, donde Acnur lidera la respuesta de ayuda humanitaria para los desplazados, enviando material sanitario y comida, construyendo refugios, trasladando por carretera a cientos de personas que cruzan la frontera cada día, desde las zonas más peligrosas a un lugar seguro, e incluso prestando ayuda legal para salvaguardar sus derechos.
UN PUEBLO SIN PATRIA. Los rohingyas son vistos como intrusos en Birmania, como emigrantes musulmanes bangladesíes ilegales entre la mayoría población budista del país, por lo que les han negado tradicionalmente la ciudadanía y otros derechos fundamentales, como el de libertad de movimiento.
El masivo éxodo de los rohingyas de agosto de 2017 se originó con motivo de la campaña militar birmana iniciada contra esta minoría después de que un grupo insurgente bajo las siglas de esta etnia atacara varios puestos de Policía, lo que desencadenó la reacción de las fuerzas de seguridad.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Onu, EE UU y otras organizaciones humanitarias criticaron la ofensiva, que incluyó graves violaciones de los derechos humanos con matanzas, torturas, violaciones y quema de aldeas, y la calificó de "limpieza étnica de manual" con indicios de "genocidio", algo que niega el Ejército birmano.
La presión internacional, sin embargo, llevó a los gobiernos de Birmania y Bangladesh a firmar un acuerdo por el que comenzarían a repatriar a los miembros de la minoría el pasado 15 de noviembre. Sin embargo, la iniciativa se suspendió ese mismo día después de que no hubiera ningún voluntario para regresar a Myanmar.
Desde Acnur advirtieron entonces que no se daban las circunstancias propicias para el retorno, "ya que cualquier repatriación tiene que ser segura, digna y voluntaria".
