Las autonomías afectadas por la sequía reclaman al Gobierno una solución

Los consejeros de Agricultura de las comunidades más afectadas por la sequía han pedido la aprobación urgente del decreto de ayudas al Ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, quien ha informado de que llevará el tema a la comisión delegada de asuntos económicos, aunque sin precisar fecha.

Al término del Consejo Consultivo de Agricultura celebrado esta mañana, el consejero aragonés, Modesto Lobón, ha sido el más enérgico a la hora de reclamar que el decreto de sequía se apruebe "cuanto antes", ya que la situación en la comunidad es "mucho más dramática que hace 15 días", como ha quedado patente con los últimos incendios.

Ante la posibilidad expuesta por el Ministerio de que pueda haber fondos comunitarios para la sequía, ha dicho que estas medidas serían "a medio y largo plazo", mientras que el decreto es "urgente" y "mucho más amplio" de lo que cubren los seguros.

La consejera de Agricultura de Castilla y León, Silvia Clemente, ha reconocido que la "situación empeora por momentos", puesto que según las previsiones actuales no se esperan lluvias hasta abril.

Ha añadido que el Ministerio ha destinado 250 millones de euros a seguros agrarios, que cubren el riesgo de sequía en cultivos como los herbáceos, para los que hay 20.000 pólizas contratadas, y que Castilla y León ha dedicado a su vez 20 millones.

Por su parte, el consejero de Extremadura, José Antonio Echávarri Lomo, ha trasladado al ministro un documento con peticiones para paliar los perjuicios por la sequía elaborado por las organizaciones agrarias de la región, con el que se ha mostrado de acuerdo.

Echávarri ha señalado que ya han sufrido daños cultivos como el olivar y el sector ganadero por la falta de pasto, y de continuar con esta situación podría haber más problemas en el norte de Cáceres, donde no se podrá afrontar el riego.

A su vez, el representante balear, Gabriel Company, ha subrayado que la falta de lluvias ha perjudicado las plantaciones de patata extra temprana en las islas.

Además, ha avanzado que en su reunión de esta tarde con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, abordarán el convenio para el mantenimiento del parque nacional de Cabrera y asuntos relacionados con el agua, como el plan hidrológico para Baleares.

Por otra parte, los representantes autonómicos también han acordado con el Ministerio una postura unánime de rechazo a la reforma de la Política Agraria Común propuesta por Bruselas, por considerar que no supone una simplificación sino "muchísima más burocracia y papeleo", en palabras de la representan de Castilla La Mancha, María Luisa Soriano.

En la misma línea se ha expresado el consejero de Extremadura, quien ha añadido que perjudica a esta región por el listado de cultivos incluidos en los pagos acoplados, por lo que reclamó que sean las administraciones autonómicas las que decidan qué productos incluyen en esta relación.

Por su parte, Silvia Clemente ha criticado que en la reforma comunitaria la ganadería "no existe", cuando es un sector que en su comunidad emplea a 36.000 productores.

Con respecto al modelo de pagos directos, ha rechazado la propuesta comunitaria por considerar que sería preferible una actualización de la base de los derechos históricos actual, en lugar de la nueva clasificación propuesta por Bruselas, que incluye hasta seis tipos de ayudas.

Se ha mostrado contraria también a la eliminación de mecanismos de control de mercado como los derechos de cuota para los productores de azúcar, un sector que en su opinión es el que "mejor ejemplifica" lo que se pretende conseguir con la nueva PAC, como reforzar el papel de las interprofesionales.

Otro aspecto al que se ha referido es a la petición de que el lobo deje de ser especie protegida al sur del Duero, medida que ha defendido ante el crecimiento de las poblaciones de esta especie en la zona y los daños que provoca en explotaciones ganaderas que, a diferencia de las situadas en la orilla norte del río, no cuentan con elementos de protección contra el depredador.

El consejero de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha expresado su satisfacción por que la propuesta comunitaria de la PAC mantenga las condiciones especiales para Canarias por su insularidad, aunque se solidarizan con las demandas de las demás regiones.