Según informa el instituto armado, cerca de una aldea de este municipio fueron encontradas instaladas "estas trampas ilegales perfectamente disimuladas entre la vegetación para intentar garantizar el éxito de la caza y dificultar la localización por parte de los agentes".
La investigación de los agentes permitió imputar en la mañana del 28 de febrero a M.F.G., de 78 años, como presunto autor de un delito relativo a la protección de la fauna.
La Guardia Civil advierte de que "este tipo de medios prohibidos suponen un alto riesgo para la fauna salvaje e incluso para los perros que puedan discurrir por la zona, cuyo uso ilegal está claramente tipificado en el Código Penal con penas de prisión de 4 a 24 meses o multa de 8 a 24 meses y, en cualquier caso inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por un tiempo de uno a tres años".
