El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santiago de Compostela ha desestimado la demanda interpuesta contra Adega por la empresa Acuinor, propiedad de Ramón Álvarez Cascos, por la paralización de las obras de la piscifactoría de Rinlo, en el municipio lucense Ribadeo, en el año 2005. Además, el fallo judicial le impone a la sociedad el pago de las costas del proceso.
Acuinor consideraba que la organización ecologista había cometido un “fraude procesal”, al extralimitarse en sus funciones y denunciar por la vía penal las obras que la empresa estaba ejecutando en una zona de la costa lucense candidata a entrar en la Red Natura.
Por ello, responsabilizaba a la organización ecologista de los “perjuicios” económicos provocados por la decisión judicial que dictaminó la paralización cautelar de las obras, y le reclamaba una indemnización de 29.936 euros, al considerar que la organización ecologista solicitó estas medidas "sin interés legítimo”.
No hubo ''mala fe''
Sin embargo, el fallo judicial entiende que no puede derivarse de la “denuncia penal y la adopción de medidas cautelares” el “concepto de mala fe o comportamiento abusivo” por parte de Adega, por lo que tampoco se puede argumentar “que haya actuado con manifiesto abuso de derecho”.
En la vista oral del juicio la presidenta de Adega, Adela Figueroa, defendió que su organización paralizó las obras de la piscifactoría para defender el medio ambiente y no para causar daños a la empresa, ya que las instalaciones se iban a situar en una zona candidata a entrar en la Red Natura.
"Deberían estar agradecidos", aseguró en aquel momento Adela Figueroa, ya que si llegan a terminar las obras, "después se las declararon ilegales y tendrían que demolerlas".
