LUGO. José López Orozco estaba el jueves exultante, tras recibir la comunicación de la petición por parte de Fiscalía del archivo de las acusaciones contra él en la pieza de la operación Pokemon que gira en torno a la adjudicación de la grúa. No era para menos, los términos contundentes en los que el fiscal redactó su solicitud son para lanzar cohetes: no hay indicio alguno de delito, ni de que el exalcalde hubiera recibido un euro ni siquiera de que fuera conocedor de las supuestas irregularidades en la adjudicación.
Sabe que todavía queda el pronunciamiento de la Audiencia Provincial al respecto —la acusación particular ejercida por la Asociación de las Cuestas del Parque se ha opuesto al archivo-, pero confía en que este cambio sea «por fin, la luz al final de túnel». Un túnel negro como un macrosumario que le obligó a renunciar a la alcaldía ante la negativa del resto de partidos a dar el gobierno de Lugo a un multiimputado por temas de corrupción. Lo que no pudieron sus rivales en las urnas lo pudo la jueza Pilar de Lara, que lo situó en el centro tanto del caso Pokemon como del de O Garañón. En 2015, el Orozquismo, la corriente filosófica-seminarista-política que había gobernado la ciudad durante 16 años, llegaba a su final de forma abrupta y su mesías salía de la escena pública coronado con las espinas del cohecho, el tráfico de influencias y la corrupción.
Pero Orozco nunca tuvo ánimo de mártir. En todo este tiempo, ha seguido clamando en el desierto de la Justicia lucense, sin flaquear ni un segundo. «Estoy muy satisfecho», reconoce ahora que parece haberse obrado el milagro, «porque el fiscal al fin reconoce lo que yo siempre he defendido, que nunca he robado un céntimo». Seis años ha tardado la Fiscalía en llegar a ese convencimiento, después de valorar informes policiales, patrimoniales, llamadas de teléfono de explicación complicada y hasta una congregación de adeptos encabezada por Francisco Fernández Liñares y Javier Reguera que lo bautizaron como "El Cura".
Seis años son muchos para poder ver la luz al final del túnel, pero es que la velocidad de la luz en algunos juzgados lucenses no es una constante. Hasta a la luz le cuesta abrirse paso entre unas montañas de documentación que precisan de año medio para que un recurso llegue a la Audiencia Provincial y de seis meses para que un simple escrito de Fiscalía sea comunicado a las partes, que es exactamente lo que ha tardado en notificarse este que tanto alivio ha llevado al espíritu del exalcalde.
Si, como parece probable, la Audiencia decide finalmente ordenar el archivo de las acusaciones en este asunto, será la sexta muesca en la guerra judicial de un político que llegó a bromear con la idea de que «si un alcalde no recibe una imputación por año, no es un buen alcalde». Si es así, a peso, él tiene derecho a considerarse uno excepcional.
CINCO MUESCAS. Hasta en cinco ocasiones antes de esta tuvo que acudir a los juzgados para responder ante diversas acusaciones: por la demanda que le presentó un abogado que iba para activista social y se quedó en propietario de suelo edificable; la denuncia de un cabo de la Policía Local por supuesta vulneración de sus derechos sindicales y constitucionales, que resultaron no ser tales, ni la vulneración ni los derechos en cuestión; el ciclón Jorge Dorribo y sus licencias de las naves de Nupel, en el que fue su primer gran dolor de cabeza; más recientemente, otra denuncia por repartos de pluses de productividad para influir en la redacción del PXOM, que también acabó en el purgatorio de las causas archivadas; y, por último, y también relacionada con el caso Pokemon, la adjudicación de la Fábrica de la Luz, que como todo lo anterior, se fue apagando con el paso de las investigaciones.
«Estoy muy agradecido a mis abogados», reconoce, «que están trabajando muy bien». Abogados, en plural; hasta cuatro participan a la vez en su defensa, más que en la de algunas multinacionales. Tendrán que volver a demostrar su eficacia, no obstante, en las otras dos acusaciones que penden todavía sobre Orozco, porque ver la luz al final de túnel no es lo mismo que salir de él.
Sobre una de ellas, la relacionada con la adjudicación de la Ora, se puede aventurar un final similar al que tenga la que gira sobre la grúa, entre otras cosas porque el informe de Fiscalía en el que pide el sobreseimiento por la grúa ya incluye consideraciones similares sobre la Ora. Sin embargo, por aquello de que la luz pierde su velocidad constante en los juzgados lucenses, todavía puede tardar. La pieza sigue pendiente de destino, sometida a un conflicto de competencias: nadie sabe todavía qué juzgado tendrá que hacerse cargo de ella, si el actual de instrucción 1 de Lugo, si la Audiencia Nacional o si una multiplicidad de ellos por todo el país. Con toda probabilidad será el Tribunal Supremo quien lo determine, lo que significa meses y meses de espera.
Mientras esperan, sus abogados podrán ir dedicando esfuerzos a otro de los asuntos que llevan cerca de diez años dando coletazos por las salas de justicia de la ciudad, el que se sigue por la urbanización de la finca O Garañón, que ha derivado desde hace tiempo en una especie de causa general sobre el urbanismo lucense.
Será que tendrá que asumir que un político con su voluminosa trayectoria se arriesga a verse comprometido en los más voluminosos sumarios, o será, como él sospecha y airea en las redes sociales, que detrás de ese voluminoso sumario se encuentra también su nemésis, la jueza Pilar de Lara. Vistos desde fuera, pareciera que ambos hubieran desarrollado una especie de fijación mutua.
En cualquier caso, Orozco confiaba ayer en salir limpio de estos asuntos, aunque reconocía que «tarde para que vuelva a la política activa. Estoy ya en otra etapa». Una en la que puede disfrutar de sus vacaciones de jubilado en Sanxenxo mientras fantasea con ser recordado como el alcalde que caminó sobre las aguas fangosas de la avaricia institucional e institucionalizada. Ahora sí tiene algún motivo para tirar cohetes.
