La playa fluvial desató este miércoles el enésimo cruce de acusaciones entre la Xunta de Galicia y el Concello de Lugo. El delegado territorial de la administración autonómica, Javier Arias, afirmó que el proyecto de la zona de baño público en el río Miño presentado por el gobierno local "no garantiza la seguridad de los usuarios y afecta a especies amenazadas".
"No podemos cometer una ilegalidad por la torpeza del Concello", precisó Javier Arias, que recomendó al gobierno local, por una parte, que "tenga en cuenta en el futuro las recomendaciones de Medio Ambiente" y, por otra parte, que en otros asuntos responda con la misma celeridad como a su juicio ha hecho la Xunta con sus informes "en tiempo récord" sobre la playa fluvial.
El portavoz municipal del PSdeG-PSOE, Miguel Fernández, culpaba este miércoles al Gobierno gallego de "negarlle aos e ás lucenses o dereito a gozar dunha zona de baño pública no Miño", tras el informe desfavorable de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre "o cambio, non substancial, de ubicación da estrutura flotante, uns 40 metros augas arriba".
El edil de medio ambiente considera que la playa fluvial "non é para a Xunta máis que un instrumento partidista, unha arma electoral que empregan sen reparo, poñendo o criterio técnico ao servizo da política máis rancia, a costa dos intereses da cidadanía".
Miguel Fernández acusaba a la administración autonómica de "colaboración ficticia" a buscar otro emplazamiento y que ese cambio "obrigaría, por outra parte, a empezar de cero toda a tramitación para crear a praia fluvial, que levaría anos".
ENCARECIMIENTO. En medio de ese cruce de acusaciones, el viceportavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, afirmaba este miércoles que "Lugo tiene la playa fluvial imaginaria más cara de la historia" porque en su día tuvo que devolver a la Diputación con intereses su aportación y ahora puede suceder lo mismo, además de por los materiales ya suministrados.
