La Xunta ha planteado al Concello de Lugo una modificación del convenio que firmaron en otoño de 2017 para equipar el nuevo auditorio de Lugo que tendría como objetivo recuperar los 795.505 euros que ahorró. De las intenciones de la Xunta dio cuenta este lunes el grupo municipal de Cs, quien a través de su portavoz, Olga Louzao, instó al gobierno local a que minore en la misma cantidad la exención del Ibi de edificios sociosanitarios que acordó con la Xunta para que esta equipara el centro cultural. Para esto tendría que llevar a pleno una modificación de la ordenanza fiscal.
Debido al desacuerdo que había entre la Xunta y el Concello sobre quién tenía que equipar el auditorio, y para desbloquear la situación, el gobierno local propuso eximir a la Xunta del Ibi por la cantidad que supuestamente costaba dotar el centro, que fue calculada en 3,6 millones. De esta forma, perdonaba el impuesto del Hula, de las residencias de As Gándaras y A Milagrosa y de otros dos centros entre 2018 y 2023, incluidos. El equipamiento fue contratado finalmente en 2,5 millones, a lo que la Xunta suma otros gastos, hasta 2.987.168 euros. Ahorró, por tanto, 795.505 euros, que ahora quiere recuperar. El gobierno local indicó que estudia la modificación del convenio.
"MALA NEGOCIACIÓN". Cs volvió a denunciar este lunes la "mala negociación" que el gobierno de Lara Méndez llevó a cabo con la Xunta en este asunto. Louzao recordó que no quedó por escrito que la exención del Ibi que aprobaron en el pleno el PSOE y el PP sería equivalente a la cantidad que la Xunta gastaría en equipar el auditorio.
Cs recordó que, en el convenio que la Xunta y el Concello firmaron en 2008, cuando se decidió hacer el centro cultural en Magoi, figuraba que la consellería se comprometía a construir el edificio y a dotarlo de los "elementos accesorios ou complementarios", recordó este lunes Louzao. Sin embargo, el gobierno local acabó aceptando asumir el coste de equipar el centro descontándole el Ibi a la Xunta en un convenio firmado en otoño de 2017 en el que, además, la administración local asumió nuevos gastos que no llegaron a cuantificarse, denunció Cs, como el mantenimiento de la parcela y la vigilancia del edificio mientras los trabajos en este no acaban. Por esa razón, el convenio fue aprobado en junta de gobierno (en marzo de 2018) sin informes técnicos favorables de Contratación, Intervención y Asesoría Jurídica, denunció Cs.
El equipamiento del centro se lleva a cabo en este momento, con la idea de que esté finalizado en torno al mes de mayo, según confirmó la Xunta.
