La Xunta multa con 2.000 euros a la Diputación y 6.000 a un funcionario por la tala de Santa María

Conservación da Natureza sancionó al organismo provincial porque la poda de árboles en el aparcamiento provocó la destrucción de nidos de aves en la pasada primavera y al jefe de seguridad y portería por impedir la entrada de agentes medioambientales para inspeccionar la corta de varios ejemplares en verano 
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photo_camera Agentes de medio ambiente de la Xunta inspeccionando la poda realizada en Santa María en mayo del año pasado. EP

La Dirección Xeral de Conservación da Natureza acaba de resolver los expedientes que abrió a la Diputación y a uno de sus funcionarios, el jefe de seguridad y portería, por la poda y la tala de árboles realizada en el aparcamiento del complejo de Santa María el año pasado, que provocó la destrucción de nidos de aves y donde se dificultó la labor inspectora de los agentes de medio ambiente de la Xunta. Propone sanciones de 2.000 y 6.000 euros, respectivamente.

Los hechos más graves se atribuyen al funcionario, por haber dado orden de impedir la entrada a dos agentes de medio ambiente de la Xunta –trabajadores con categoría de agentes de la autoridad– al aparcamiento de Santa María el 19 y el 21 de agosto de 2023.

Los agentes se desplazaron al lugar tras recibir un aviso ciudadano de que se estaban talando árboles donde podía haber nidos de aves, que ya se habían visto afectadas por una poda realizada en primavera. En el aparcamiento había un vigilante de seguridad, que contactó telefónicamente con el jefe de seguridad de la Diputación y recibió la orden de que no se permitiera la entrada a los agentes, según quedó acreditado en la instrucción del expediente.

Los agentes acudieron de nuevo al lugar al lunes siguiente y, como se repitió la situación, solicitaron la intervención de la Policía Nacional. En ese momento, el vigilante les informa de que pueden realizar la inspección pero solo si lo hacen en compañía de la Policía. El problema es que, en ese momento, ya estaban cortados prácticamente todos los árboles y las ramas ya habían sido retiradas, por lo que los agentes no pudieron comprobar si había restos de fauna en ellos.

Para la instrucción del expediente, la Xunta también recabó informes de la Policía Autonómica, de la Policía Local y del Seprona, ya que los tres organismos también tuvieron intervención en el caso. Agentes de los dos primeros cuerpos estuvieron en el lugar el primer día, el sábado, tras ser reclamados por una ciudadana que insistía en que se podía estar cometiendo una infracción medioambiental. En ese mismo momento pudieron contactar con una arquitecta de la Diputación, que confirmó que los trabajos estaban autorizados. El lunes fue el Seprona quien se interesó por la situación ante la institución provincial, quien reiteró la existencia de permiso.

La Xunta considera acreditado el papel obstaculizador que ejerció el jefe de seguridad y portería de la Diputación, a pesar de que este alegó que se limitó a hacer cumplir el decreto de presidencia firmado días antes en el que se acordaba el cierre del aparcamiento para llevar a cabo obras en él que podrían suponer riesgo para las personas. El trabajador alegó que solo el jefe de obra o el coordinador de seguridad, "ou a persoa competente da Deputación", podrían haber permitido el paso al recinto.

La sanción es recurrible todavía en vía administrativa, al igual que la que fue impuesta a la Diputación, en este caso porque la poda que llevó a cabo meses antes, en mayo, provocó la destrucción de nidos de aves en época de cría.

La poda se realizó en tres tilos y en este caso fue una integrante de la asociación Ecoloxistas en acción quien presentó una denuncia ante el Seprona. La inspección realizada por los agentes de este organismo de protección de la naturaleza dependiente de la Guardia Civil sirvió para constatar esos hechos, ya que entre el material de poda había restos de nidos y en la zona sobrevolaban varias especies de aves, como gorriones y cornejas. Por esa razón, el Seprona ordenó detener los trabajos, que se retomarían pero ya de forma más drástica, –con la tala de varios árboles–, en verano, cuando se produjeron los hechos que dieron lugar a la sanción al jefe de seguridad y portería de la Diputación.

La Diputación ve "motivación política" y recurrirá

El gobierno de la Diputación, que preside el socialista José Tomé, mostró su desacuerdo con la sanción y anunció que presentará recurso de alzada y que, si es desestimado, recurrirá al juzgado contencioso-administrativo y agotará la vía judicial si es necesario y llegará al Tribunal Supremo. Lo hará porque considera que la multa "non é axustada a dereito", aunque no especificó la fundamentación.

Además, el gobierno provincial considera que el expediente sancionador fue "instruido por motivos políticos", ya que el instructor es un funcionario de la Diputación que en el momento de los hechos y aún ahora desempeña el cargo de jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente. El ejecutivo recuerda que precisamente este funcionario acaba de perder el recurso que presentó en su día contra la relación de puestos de trabajo de la Diputación. Este trabajador fue jefe de gabinete de la popular Elena Candia cuando esta presidió la Diputación.

Esa fue una de las alegaciones que presentó la institución provincial durante la tramitación del expediente sancionador. Solicitó la recusación del jefe territorial, "que foi quen acordou incoar o propio expediente" y finalmente este tuvo que abstenerse.

Tomé cree que la actuación de la Xunta fue "inxusta e arbitraria" porque impone una sanción más alta al trabajador de la Diputación que dio la orden de no permitir el acceso al aparcamiento de los agentes de medio ambiente de la Xunta que a la institución, "que é a quen decide facer as obras". No obstante, son multas por infracciones distintas. La primera es considerada una infracción grave por impedir el acceso a agentes de la autoridad y la segunda, leve, por afectar a especies silvestres.