La Xunta ha asegurado que ya trasladó el 9 de noviembre al Ministerio de Justicia que se fijaba la puesta en marcha del nuevo juzgado de lo social de Lugo en el primer trimestre de 2021 por lo que ha criticado que, en el decreto del Gobierno publicado casi un mes después –el 1 de diciembre–, no se concretase la fecha para la apertura de las nuevas salas judiciales gallegas ni de otros 14 juzgados en todo el Estado.
Así lo ha asegurado la Vicepresidencia primera en un comunicado remitido este sábado a los medios y después de que en la jornada del viernes la subdelegada del Gobierno en la provincia, Isabel Rodríguez, señalase que el cuarto juzgado de lo social de Lugo entrará en funcionamiento "cuando disponga de los medios que le debe proporcionar la Xunta".
"Al no fijarse una fecha en el Real Decreto", la Administración autonómica recuerda que para que pueda echar a andar el nuevo juzgado es necesario que el Gobierno central publique una orden ministerial en la que fije la fecha de entrada en funcionamiento, un plazo en el que estarán dotados de medios materiales y de personal auxiliar de competencia del Gobierno gallego".
De este modo, la Xunta ha señalado que "cumplirá con su compromiso de crear y mantener todos los órganos judiciales que se aprueben para la comunidad, como es el caso de la dotación del personal, mobiliario y equipos informáticos de los tres juzgados de lo social –el número cuatro de Lugo, el número siete de A Coruña y el número siete de Vigo–, solicitados de forma conjunta por la Administración autonómica y el TSXG.
La Vicepresidencia primera ha señalado que la puesta en marcha de estos juzgados fue aprobada por el Ministerio de Justicia tras la petición de la Xunta consensuada con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Con todo, ha señalado que, en un primer momento, el ministerio no aceptó la creación del órgano de Lugo.
DOTACIÓN. De este modo, el departamento autonómico ha destacado que invertirá 850.000 euros en la creación de los tres nuevos juzgados de lo social –número cuatro de Lugo, número siete de A Coruña y número siete de Vigo–.
Según ha apuntado, la partida más elevada corresponde al coste de los 24 funcionarios, que concentra el 85% de las aportaciones –más de 722.000 euros–, teniendo en cuenta que cada juzgado contará con un cuadro de personal de dos gestores, cuatro tramitadores y dos auxilios (el nombramiento de jueces, fiscales y letrados depende del ministerio).
