La Xunta acaba de emitir informe ambiental favorable a la modificación del PXOM solicitada por el Concello en O Garañón, para eliminar la edificabilidad que tiene asignado actualmente este terreno y convertirlo en zona verde.
Sin embargo, la Administración autonómica recuerda al gobierno local que, para el informe definitivo que tendrá que emitir más adelante, será necesario que el Concello acredite la viabilidad técnica y económica de la nueva ordenación, que implica tirar los edificios existentes, hacerse con el terreno y acondicionarlo.
La Xunta señala que el texto definitivo que el Concello envíe a la Xunta debe "incorporar a avaliación económica do custo de execución dos sistemas xerais e das actuacións previstas que considere todos os conceptos de gasto en que se debe incorrer (adquisición de terreos, eliminación de edificacións e calquera outros elementos existentes incompatibles coa ordenación proposta, urbanización/ acondicionamento do espazo libre previsto, etc.)".
La Administración autonómica recomienda que estas y otras consideraciones que hace ahora "sexan tidas en conta na redacción final do proxecto [...] Deste xeito, gañamos tempo e evitamos obstáculos que poden xurdir máis adiante, cando o Concello deba recabar os informes sectoriais da Administración autonómica sobre o texto definitivo, que entón si serán preceptivos e vinculantes", afirma el delegado de la Xunta, Javier Arias.
La demanda de la Xunta no es menor porque la falta de un estudio de costes es precisamente uno de los aspectos que lleva tiempo criticando la oposición municipal, tanto el PP como Cs. En su día, estos grupos políticos apoyaron la conversión del espacio en zona verde, pero con matices, como ahora. Alegan que hay que saber qué coste tendrá para el Concello eliminar toda la edificabilidad y defienden la necesidad de estudiar alternativas, como podría ser la recolocación de esa edificabilidad para que su impacto sea menor.
La oposición critica que, de forma unilateral, el gobierno optara por dejar todo como zona verde y que lo hiciera sin saber qué coste tendrá este cambio para los lucenses, ya que no consta que exista un estudio al respecto. Sin ir más lejos, la lógica dice que habrá una reclamación por la edificabilidad que se suprima. El terreno pertenece ahora al Banco Santander, ya que el dueño y promotor quebró a raíz de la paralización judicial de la urbanización.
El Concello sí tiene una previsión de lo que costará derribar los edificios y restituir el terreno a su estado original. Lleva años reservando una partida de 900.000 euros para esto. Sin embargo, no constan avances en el expediente de reposición de la legalidad, como podría ser la elaboración del proyecto de demolición, cuya licitación probablemente irá vinculada al derribo en sí.
En aras a no perjudicar el interés público, alega el gobierno, este tampoco informa de cuál es su estrategia para hacerse con la parcela y para que las arcas se vean lo menos perjudicadas posibles por la demanda que tiene puesta el promotor. Es de unos 15 millones, pero ya anunció su intención de elevarla a 26.
