El Gobierno gallego ha autorizado este jueves tres inversiones incluidas en la línea de ayudas para las industrias de transformación y comercialización de productos agrarios, que ya fue aprobada a comienzos de año.
En total la Xunta aportará para ello 12,3 millones de euros que, según cálculos de Feijóo, sumados la inversión de las empresas, podrían alcanzar los 38 millones de euros.
Entre los beneficiarias figuran las firmas Inleit Ingredients (4,4, millones de euros), Queserías Entrepinares (3,3 millones de euros) y Corporación Alimentaria Peñasanta que agrupa a Larsa y Central Lechera Asturiana (4,6 millones de euros). En todos los casos estas subvenciones permitirán incentivar y adoptar nuevas técnicas y productos que generen valor añadido, según la Xunta.
El presidente gallego ha precisado que Inleit Ingredients prevé construir una planta para la producción de permeato en polvo; Queserías Entrepinares aspira a introducir nuevos formatos para el envasado y loncheado de queso y, por último, Corporación Alimentaria Peñasanta planea ampliar su planta en Lugo e introducir una nueva línea de envasado para la leche UHT en botella de polietileno de alta densidad.
La convocatoria de este año, en la que se inscriben estas inversiones, prevé además la resolución en las próximas semanas de ayudas para 97 proyectos con inversiones público-privadas de 89 millones de euros, según cálculos de la Xunta.
PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO. Por otro lado, Feijóo ha anunciado este jueves un plan básico autonómico de ordenamiento que prevé servir de guía para programas urbanísticos de municipios con menos de 5.000 habitantes o que no hayan adoptado un plan general de ordenación, lo que suma un total de 219 municipios.
Feijóo ha explicado que una vez superada la fase de exposición pública, el texto ha recibido luz verde de forma definitiva y se publicará en los próximos días, pudiendo ser utilizado de forma inmediata por los 219 municipios a los que hace referencia.
La nueva norma "es una revolución desde el punto de vista urbanístico" en tanto que el Gobierno gallego facilita la labor de los organismos municipales al ofrecer "seguridad jurídica" a los municipios para que no se paralicen determinadas infraestructuras y también para que "no se hagan disparates urbanísticos" en base a normativas provinciales que datan de 1991, según Feijóo.
