El Concello de Lugo acordó este jueves adjudicar el derribo de las torres de O Garañón a la empresa Xestión Ambiental e Contratas. La suya resultó ser la mejor de las tres ofertas recibidas, ya que propone hacer el trabajo por 578.000 euros, un 40% por debajo del precio de salida, y en un plazo de unos seis meses, dos menos del tiempo máximo que se pedía. Competían con la firma pontevedresa Excavaciones J. Carreira y Excavaciones y Desmontes Rivera Navarra.
El contrato comprende la realización del proyecto técnico de demolición y la ejecución de la misma, pero de momento no podrá firmarse, ya que antes debe concluir el expediente de reposición de la legalidad.
Este es el trámite mediante el cual se insta a la propiedad a cumplir el mandato judicial y tirar las torres y devolver el terreno a su estado original. Se inició a la par que el proceso de licitación de los trabajos, ya que el gobierno de Lara Méndez asume que el derribo acabará siendo realizado por el Concello de forma subsidiaria. Es decir, repercutirá el coste a la propiedad.
El problema de O Garañón es que su promotor, el empresario ourensano Ricardo Iglesias, quebró debido a todas las vicisitudes que sufrió el proyecto urbanístico, que tenía licencia municipal pero acabó siendo anulada por el juzgado. O Garañón lleva tiempo en manos de un administrador concursal, con el Banco Santander como principal acreedor. Iglesias mantiene un pleito con el Concello, al que reclama 15 millones de euros por los daños sufridos, aunque podría acabar elevando la factura a 26, según anunció.
Respecto al expediente de reposición de la legalidad, en este momento el Concello está pendiente de responder a los recursos de reposición que presentaron el promotor y el Banco Santander, después de que fueran rechazadas las alegaciones que realizaron en el trámite previo. La previsión es que el recurso también sea desestimado y en ese momento el expediente concluirá y se podrá firmar el contrato con la empresa que demolerá las torres. Las partes todavía podrán recurrir al juzgado, pero el proceso de derribo se iniciará igualmente, según la previsión del gobierno local.
Sin embargo, para el PP, la adjudicación del contrato sin un plazo para ejecutarlo "confirma a improvisación coa que se traballa no goberno local de Lugo. Queren enganar á cidadanía cando se trata dun contrato inexecutable e condicionado ás negociacións coa propiedade", afirma.
