La vista que se celebró ayer en el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Lugo por la reclamación al Concello de 35.476 euros en facturas por parte de un empresario que hizo trabajos para la administración local reveló el caos que existe en la tramitación de recibos. Un informe del servicio de Ingeniería, aportado por el letrado del Concello, recoge facturas de agosto de 2015 (tres que suman 2.864 euros) que no fueron informadas por el técnico correspondiente y por el edil hasta el pasado julio, facturas que no se encuentran (dos por un total de 8.114 euros), «por lo que se presume que están extraviadas» y alguna que fue informada dos veces.
"El informe interno admite falllos pero a la vez responsabiliza al empresario por detectar problemas y proponer soluciones"
Los problemas y los retrasos en la tramitación de facturas es conocido desde hace tiempo y denunciado por empresas y por grupos de la oposición, pero el informe del jefe del servicio de Ingeniería pone negro sobre blanco y apunta a varias causas. Advierte de la falta de personal que hay en este departamento, a causa de varias jubilaciones coincidentes en el tiempo. Especialmente determinante fue, dice, la jubilación de un técnico, «que ha jugado un papel fundamental en el encargo de la ejecución de muchos de estos trabajos (llevando incluso a su seguimiento) sin poder validar o conformar las facturas».¡
A esta circunstancia se añaden las «disfunciones que se vienen detectando en la aplicación de firma y tramitación electrónica de facturas, «lo que hizo que algunas de las facturas apareciera para validar hasta en dos ocasiones una vez verificada por el que suscribe», señala el funcionario. Esta situación obliga a cotejar cada recibo para evitar pagar dos veces por un mismo concepto, dice el técnico.
DEUDA DE 102.500 EUROS. El empresario que llevó al juzgado al Concello para poder cobrar reclama 102.500 euros, aunque la vista de ayer era por un primer lote de 35.476 euros y en las últimas semanas la administración local le abonó 10.445 euros. La mayoría de las facturas corresponden a trabajos realizados durante el año pasado y el litigio comenzó en diciembre pasado con una reclamación administrativa a la que el Concello no respondió. La administración local tampoco respondió a la medida cautelar dictada por el juzgado en dos ocasiones, para que consignara las cantidades que se le reclaman.
Todas las facturas se corresponden a trabajos realizados sin autorización previa de gasto, por petición de personal técnico de alguna dependencia municipal o, fundamentalmente, por responsables de las brigadas de Vías e Obras y Augas. Se encuadran en «actuaciones de emergencia, o cuando menos de relativa urgencia» y los importes son inferiores al límite fijado para exigir más de un presupuesto. El informe municipal no pasa por alto esta circunstancia, que beneficiaba al empresario, señala el autor, que en ocasiones llegaba a detectar necesidades y a plantear soluciones, apunta el técnico municipal.
El empresario asegura que siempre trabajó por encargo de funcionarios o políticos y la demora en los pagos le llevó a contraer deudas con proveedores, Hacienda, Seguridad Social y bancos, afirma. Su representante legal, Marcos Otero, de Salvatierra Abogados, señaló al término del juicio que en este quedó demostrada la responsabilidad del Concello en la demora de los pagos.
