En los últimos días han acudido a declarar al juzgado de instrucción número 3 de Lugo varias de las más de 60 víctimas que presuntamente fueron explotadas laboralmente por una red que recurría a inmigrantes latinoamericanas en situación irregular en España para cuidar, a domicilio como internas, a personas mayores o con discapacidad.
En esas comparecencias las víctimas, que son, sobre todo, originarias de Colombia, República Dominicana, Honduras y Nicaragua, detallaron ante el juez cómo funcionaba esta trama organizada, que dirigía una lucense de 48 años de edad y su hija, de 27, que contaban con una agencia de servicios sociosanitarios en Castroverde.
Además de estas dos mujeres, en el procedimiento figuran como investigadas otras cinco personas, que se considera que pudieron ser colaboradoras de la red.
El caso se aireó en el verano de 2020 y se sospecha que su actividad ilícita fue duradera, pues la empresa que se cree que las investigadas utilizaban como tapadera se constituyó hace 18 años.
De los testimonios de las víctimas se deduce que esta agencia echaba mano de inmigrantes que no tenían sus documentos en regla, ni formación asistencial para atender a personas mayores o con discapacidad. Se aprovechaban de la situación vulnerable de las trabajadoras.
Las cuidadoras cobraban entre 600 y 1.000 euros por trabajar de lunes a domingo. En algún caso solo percibían 30 o 35 euros al día por jornadas laborales de 12 o 14 horas, lo que supone menos de tres euros por hora.
Cuando una de las empleadas solicitaba un día de permiso para realizar gestiones personales, su jefa le descontaba 50 o 100 euros por esa jornada en la que no acudía a su puesto.
Las dos principales procesadas solían pagar a las empleadas en efectivo y las citaban en la calle o en un piso de As Fontiñas para realizar esos abonos. Cuando no podía ser en mano, lo hacían a través de plataformas electrónicas para dificultar el rastro de esas transacciones.
Las familias que recurrían a los servicios de esta empresa de Castroverde, por su parte, solían pagar entre 1.200 y 1.500 euros mensuales e incluso más. La agencia les hacía creer que las internas tenían toda la documentación en regla, tanto la de residencia en el país como su contrato laboral, y la cualificación precisa.
En algunos casos parte de los pagos se realizaba con la ayuda que las personas mayores o con discapacidad percibían de la Xunta o de los ayuntamientos, según señala el letrado Waldir Sinisterra, que asiste a algunas afectadas.
La empresa está en liquidación
La empresa asistencial de Castroverde está en liquidación, tras presentar concurso de acreedores el verano pasado. El abogado de más de una veintena de afectadas, Waldir Sinisterra, ha solicitado al juzgado que investigue si se puede tratar de "un alzamiento de bienes para eludir la responsabilidad civil para la reparación de daños a las víctimas".
"TEMOR". Este letrado explica que muchas perjudicadas no presentaron denuncia porque la cabecilla de la red les infundió el "temor" a ser deportadas por estar en situación irregular. Además, asegura que les convenció para cambiar de teléfono móvil, lo que les hizo perder las posibles pruebas incriminatorias que tenían.
REGULARIZACIÓN. Waldir Sinisterra asegura que muchas de las denunciantes regularizaron su situación en España y otras no lo hicieron "por desconocimiento".
