El único acusado de la Campeón que no pactó pedirá la nulidad del proceso

El abogado de Javier Rodríguez, el único de los trece acusados en la operación Campeón que no llegó a un acuerdo con la Fiscalía, ha anunciado que pedirá la "nulidad" de las actuaciones en el recurso que planteará ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). 

El fallo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha fijado una pena de cuatro y nueve meses de prisión para Javier Rodríguez –de la empresa Proitec–, un total de trece meses, como cómplice de un delito de fraude de subvenciones intentado y otro de fraude de subvenciones de fondos europeos consumado. Sin embargo, tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. 

Por esos delitos establece, además, el pago de una multa de más de dos millones y medio de euros. Lo hace luego de que fuese el único, de los trece acusados por esta operación que instruyó la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José Asensio, sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel, que no llegó a un acuerdo con el ministerio público. 

El abogado José Luís Fiuza ha avanzado que se formulará "recurso" ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para lo que se tiene un plazo "legal" de diez días. Anticipa que probablemente se presente la próxima semana. "Más bien a principios de la semana que viene", ha confirmado. 

Así, precisa que el planteamiento será "el mismo, tanto en cuanto a las cuestiones de nulidad, que ya en su día se alegaron, como en cuanto al fondo del asunto". 

En cuanto a la "nulidad", Fiuza ha manifestado que "son muchos motivos, siete u ocho motivos de nulidad de actuaciones que son los que vamos a reproducir en este recurso de apelación".

DORRIBO. El principal procesado de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo, fue condenado, tras aceptar el acuerdo con la Fiscalía, a cinco años y once meses de prisión, frente a los 19 que se le pedían inicialmente. 

También asumió multas económicas que ascienden a más de seis millones de euros por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.