La sombra de Francisco Fernández Liñares es tan alargada que llega hasta a los casos en los que no está todavía imputado, como el de O Garañón. Fueron, de hecho, unas notas manuscritas del exconcejal sobre las negociaciones para el fallido pacto de gobierno entre PSOE y BNG en 2007 las que han llevado a la jueza Pilar de Lara a reclamar a ambos partidos información al respecto. Una información que los socialistas dicen no tener, lo que ha provocado una dura reacción de la magistrada, que llega a advertirles de que pueden estar cometiendo un delito de desobediencia o incluso de obstrucción a la Justicia.
Una primera providencia dictada por De Lara el pasado 15 de mayo pedía a PSOE y BNG que identificaran a las personas que participaron en la negociación para un posible pacto de gobierno tras las elecciones de 2007, un acuerdo que al final no se produjo, así como las actas de esas reuniones. Estaba interesada especialmente en lo que se habló sobre O Garañón y el PXOM.
De esa providencia informó este diario en su edición del 16 de mayo, acompañando la información con una foto de una de aquellas reuniones. Sin embargo, los socialistas han enviado un escrito en el que Luis Ángel Lago Lage, como presidente de la gestora, le informa de que no se redactaron actas ni hay base documental sobre aquellas reuniones, ni se puede informar de forma fehaciente de los nombres de los intervinientes. «De las negociaciones», añade el escrito, «se informaba a los medios de comunicación, que publicaron información».
La magistrada no parece haberse tomado muy bien esta respuesta, porque del miércoles mismo emitió una segunda providencia en la que decide unir a la causa la información publicada por El Progreso y ordena a la Guardia Civil que identifique a todos los que aparecen en la foto. Además, considera «difícilmente concebible» que «en una organización política estructurada» no exista ninguna base documental ni de ningún otro tipo sobre algo tan relevante como una negociación para un pacto de gobierno, «lo que contrasta con lo publicado en los medios, donde se puede advertir la presencia de algunos intervinientes con folios encima de la mesa».
Por todo ello, da un plazo de cinco días a Lago Lage para que facilite la identidad de todas las personas que intervinieron en las negociaciones, en particular en lo referente a urbanismo y al PXOM. Además, quiere que identifique a la persona encargada de informar sobre dichas reuniones, así como al secretario del PSdeG de Lugo en 2007. «Hágase constar», advierte Pilar de Lara, «que en caso de incumplimiento, cumplimiento parcial o defectuoso se podrá incurrir en un delito de desobediencia o de obstrucción a la Justicia».
El BNG, por su parte, sí que identificó a los participantes en las negociaciones, aunque aclarando que no hubo ningún acuerdo sobre urbanismo.
Según pudo confirmar este diario, este interés por lo hablado en dichas conversaciones parte del registro efectuado en el domicilio de Francisco Fernández Liñares durante la investigación de la operación Pokemon. En esos registros se encontraron diversos documentos con notas de su puño y letra sobre aquellas negociaciones, en las que el entonces concejal del PSOE participó. Esas anotaciones pondrían de relieve que se llegaron a redactar varios borradores diferentes, con el PXOM y el urbanismo como protagonistas.
OTROS 18 MESES. Por otro lado, pero también en relación con la instrucción del caso Garañón, la Fiscalía presentó un escrito para solicitar que se prorrogue el plazo de instrucción durante otros 18 meses, una vez concluida la prórroga de un año aprobada anteriormente. Según alega el fiscal, a la complejidad de este asunto por la gran cantidad de investigados y supuestos delitos se añade que el caso estuvo parado durante muchos meses a causa de las dos recusaciones que se interpusieron, ambas rechazadas.
