El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitió recientemente una resolución en la que aprecia la existencia de algunas irregularidades en las bases y el pliego de condiciones administrativas del concurso para la adjudicación del servicio de telefonía de la Diputación, resuelto a finales del pasado año. Este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, considera que en la convocatoria se discriminó a las empresas que no tienen red propia ni dotaciones de personal e infraestructturas en el territorio provincial.
La decisión del tribunal administrativo responde a un recurso presentado por las empresas R. Cable y Telecomunicaciones Galicia contra la convocatoria formulada por la entidad provincial en el mes de octubre de 2014. Las firmas recurrentes alegaban en el escrito presentado ante este órgano que la Diputación vulneraba los principios de libertad de acceso a la licitación y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y además tampoco respondía al principio de publicidad y transparencia.
El tribunal admite solo una parte del recurso, la relacionada con el respeto a la igualdad de condiciones para todas las empresas que concurran al concurso. En este sentido, R, Cable y Telecomunicaciones Galicia hacían referencia a las cláusulas del concurso en las que se exigía la disponibilidad de una red propia de telecomuniaciones en Lugo y de personal e infraestructuras en la provincia. En su defensa, la Diputación alegó ante el Tribunal de Recursos Contractuales que en el pliego de condiciones del concurso «no se exigía» contar con esos recursos, simplemente se «valoraba» que las firmas aspirantes dispusiesen de las infraestructuras propias con el objetivo de «eliminar la dependencia de terceros en la prestación del servicio y así garantizar unos acuerdos de nivel de servicios adecuado a la importancia y criticidad de la red multiservicio de la Diputación».
Sin embargo, el tribunal considera que tal y como están redactadas las bases se tendrán en cuenta las dotaciones en Lugo como un aspecto valorable, lo que vulnera el principio de libre competencia.
UN SOLO PAQUETE. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales desestima otra parte del recurso presentado por las empresas, dándole la razón a la Diputación por la adjudicación en bloque de todos los servicios requeridos para las telecomunicaciones de la entidad provincial, entre los que se incluyen desde la telefonía fija a internet, pasando por los móviles y la red de administración electrónica.
R.Cable y Telecomunicaciones Galicia alegaron que incluir todas las prestaciones en un mismo paquete vulneraba el principio de libre competencia «puesto que impide que los operadores de telecomunicaciones puedan presentarse a servicios independientes y con distintos requerimientos técnicos».
El tribunal administrati vo, sin embargo, reconoce el derecho de la Diputación a contratar a una sola empresa por cuestiones de «homogeneizar el servicio».
La Diputación exigía que las firmas tuviesen dotación de personal e infraestructuras en la provincia de Lugo
