Un total de 36 extranjeros fueron expulsados de Lugo en solo dos años

Una banda itinerante falsificó empadronamientos en un hotel de la ciudad a cambio de 1.500 euros. Acaban de ser condenados

Vivir en un país distinto al de origen no siempre es fácil, ni posible. Lo saben bien los extranjeros que cada año son expulsados de su ‘tierra prometida’ y enviados de nuevo al lugar del que un día decidieron marcharse. En Lugo, según los datos que maneja la oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno, en los dos últimos años se ejecutaron un total de 36 expulsiones: 12 en 2014 y 24 el año anterior.

De todos los expulsados, nueve tuvieron que regresar a Marruecos, cuatro a Colombia y tres a la República Dominicana. También fueron deportados ciudadanos de Brasil, Paraguay, Nigeria, Argelia, Senegal, Guatemala, Rusia, Nicaragua, Venezuela, Bulgaria, Portugal, Lituania, Rumanía y Letonia. Todos ellos tuvieron que abandonar el país por infringir en algún punto la ley de extranjería. Esta contempla dos motivos de expulsión, que se resumen en no tener ‘papeles’ o delinquir.

El Gobierno considera infracción grave encontrase "irregularmente" en territorio español por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de permiso de residencia o tenerlo caducado más de tres meses. Asimismo, contempla como causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado -dentro o fuera de España- por cometer un delito castigado con una pena de prisión superior a un año, salvo que los antecedentes penales ya hubieran sido cancelados.

Desde la Subdelegación del Gobierno explican que "la mayor parte" de la expulsiones ejecutadas en Lugo han sido decretadas por el segundo motivo. Es decir, por tener una condena penal a sus espaldas.

DELITOS. Los delitos que cometieron estos inmigrantes son muy diversos, desde tráfico de drogas y lesiones hasta infracciones en materia de seguridad vial y algún caso de agresión sexual, entre otros. Sin embargo, hay que matizar que la expulsión no es automática, ya que primero se tiene que tramitar un expediente y además los afectados pueden recurrir ante los tribunales, que son los que tienen la última palabra.

Un caso curioso fue el de un joven senegalés, residente en Lugo, que fue expulsado por tener a sus espaldas una condena de seis años de prisión, impuesta por la Audiencia Provincial de Las Palmas. Por increíble que parezca, cometió un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

El joven recurrió el acuerdo de expulsión de la Subdelegación del Gobierno en Lugo, alegando que desde que salió de prisión tras cumplir su pena mantuvo una conducta "ejemplar", llegando a tener varias ofertas de empleo. Además, participó en ponencias dirigidas a alumnos de educación secundaria en un instituto de la capital lucense, así como en una jornada en la facultad de Ciencias de Ourense y en actividades cultares y formativas de asociaciones como A Cova da Terra o Aliad-Ultreia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia concluyó que todos estos datos "carecían de relevancia" a los efectos de anular la orden de expulsión.

Tuvo más suerte una ciudadana de la República Dominicana que el año pasado logró paralizar su deportación. La Subdelegación del Gobierno de Lugo le comunicó que tenía que abandonar el país tras haber sido condenada a 16 meses de cárcel por dos delitos contra la seguridad vial.

La mujer explicó que contaba con una autorización de residencia permanente desde el 14 de enero de 2006, que había tenido un hijo con un ciudadano español, que residía con su madre en domicilio conocido y que no tenía ninguna sanción previa en materia de extranjería. Con estos argumentos, convenció al tribunal y logró quedarse en el país.

Otro ciudadano iraquí que cumplía condena en la cárcel de Monterroso por un delito de lesiones también recurrió su orden de expulsión el pasado año. Según expuso, llevaba muchos años residiendo en el país, desde 1980, y era padre de dos niñas menores de edad.

Sin embargo, cuando le preguntaron sobre sus hijas, el hombre respondió que no sabía mucho de ellas y que creía que residían en Toledo. Además, reconoció que a pesar de llevar más de tres décadas en España no tenía permiso de residencia y se encontraba en situación "absolutamente irregular". Obviamente, la orden de expulsión siguió su curso.

PERMISOS. Aunque la mayor parte de las expulsiones decretadas desde 2013 en Lugo se acordaron porque el extranjero cometió un delito, también hubo casos de estancia irregular.

Entre estos últimos supuestos se encuentra el de una joven dominicana que tuvo que regresar a su país a pesar de que intentó demostrar por todos los medios que estaba totalmente integrada en Lugo. La chica alegó que su pareja -de nacionalidad española- tenía un trabajo estable y una vivienda en propiedad. Ambos habían solicitado su inscripción en el registro de parejas de hecho, pero se la habían denegado, así que recurrieron y estaban pendientes de la resolución final.

Igualmente, argumentó que tenía una tía en España que acababa de adquirir la nacionalidad española y que estaba realizando diversos cursos, tanto dentro del programa de la mujer de Cáritas Diocesana de Lugo, como dentro del programa de atención a la mujer de Cruz Roja Española y en los programas Saúde y Dona de la asociación Aliad-Ultreia.

Aun así, el Tribunal consideró que la mujer no había acreditado suficientemente que se hallaba en situación de arraigo en España y le dio la razón a la Administración, "que tiene el deber de vigilar el acatamiento a la normativa de extranjería, impidiendo que permanezca en nuestro país quien no cumple con las condiciones que la legalidad exige", apostilló.

En casos como este no es dificil imaginar la angustia de los afectados, que se sienten impotentes al no poder hacer nada para evitar su expulsión, ya que, lógicamente, la ley manda. Y es aquí donde entra el juego el papel de las mafias, que aprovechan la desesperación de estas personas para hacer caja.

CONDENA. La Audiencia Provincial de Barcelona acaba de condenar a cinco personas de nacionalidad marroquí por integrar una red dedicada a trasladar compatriotas desde Tánger hasta diferentes ciudades de España, entre ellas Lugo, y tramitarles certificados falsos de empadronamiento, por los que cobraban unos 1.500 euros. Los hechos sucedieron en 2006, pero hubo que esperar hasta el presente año para ver a los miembros de la organización sentados en el banquillo de los acusados.

Tal y como explica la sentencia, los imputados contactaban con varios colaboradores en Tánger, que se encargaban de captar a las personas que deseaban introducirse en España de forma clandestina. Los interesados pagaban diferentes cantidades de dinero y la organización los ocultaba en turismos para cruzar la frontera entre Marruecos y España. Una vez en territorio español eran conducidos hasta Algeciras y de ahí a varias localidades.

Al menos uno de los miembros de la red se instaló en un hotel de la capital lucense, donde falsificó varios empadronamientos y pasaportes a ciudadanos de origen marroquí que estaban en la provincia en situación irregular.

Finalmente, la organización fue desmantelada tras ser descubierta en Santa Fe del Penedès y la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a los acusados a penas de cuatro años y medio de cárcel.

El asunto también salpicó al que fue alcalde de la citada localidad catalana hasta 2009, acusado de haber facilitado medio centenar de informes de residencia a inmigrantes que realmente no vivían en esa población.

La red acompañaba a los afectados al Ayuntamiento y contactaba con el regidor, que elaboraba los certificados. El hombre no formaba parte de la trama ni recibía ningún tipo de contraprestación por realizar el papeleo. De hecho, en el juicio insistió en que lo hizo "por motivos humanitarios" y en que no eran certificados de empadronamiento, sino "simples informes" de que los extranjeros en cuestión habían estado una temporada en el pueblo.

Aun así, el ministerio fiscal lo consideró autor de un delito de falsedad en documento oficial y fue juzgado -siendo ya excalde- junto a los miembros de la organización. Finalmente, sus buenas intenciones, o su imprudencia, le acabaron costando una condena de dos años y tres meses de cárcel.

La expulsión no es automática y los afectados insisten en su arraigo o su buena conducta. La última palabra la tienen los jueces La organización que actuó en Lugo fue descubierta en Cataluña y el caso salpicó al alcalde de una pequeña localidad barcelonesa

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