Un matrimonio pagará 1.200 euros por su octava okupación de una casa

Los acusados y sus tres hijos menores vivieron más de un año en un inmueble deshabitado de la Rúa Pena Maior, obligando a la hermana del dueño, una octogenaria, a compartir espacio con ellos
La acusada recogiendo sus enseres el día del desalojo
photo_camera La acusada recogiendo sus enseres el día del desalojo

Un matrimonio lucense fue condenado a pagar una multa de 1.200 euros –600 cada uno– por okupar una casa durante tres meses en la Rúa Pena Maior, concretamente en el número 19. Noelia Cortiñas Jiménez y Eduardo Cortiñas Montoya fueron desalojados por orden judicial de la vivienda, que no era la primera que usurpaban, sino la octava.

Los acusados y sus tres hijos menores okuparon un inmueble deshabitado desde el 17 de febrero hasta el 15 de mayo de 2014. Durante esos tres meses, la pareja le dio más de un quebradero de cabeza al dueño del inmueble, Jesús Vázquez, y sobre todo a su hermana, Felicitas, que se vio obligada a compartir espacio con los okupas. Y es que para acceder a su domicilio, la mujer –una octogenaria con problemas de salud– tenía que entrar por la planta baja de la casa okupada.

Finalmente, el juzgado de instrucción número 2 de Lugo ordenó el desalojo de los acusados, que se llevó a cabo el 15 de mayo. Ese día, Noelia Cortiñas, mientras recogía sus enseres, adelantó su intención de okupar otra vivienda. "Hemos entrado en ocho casas y ahora vamos a la novena. Ya la tengo abierta y todo, pero no os digo dónde está. Ya os enteraréis cuando denuncien", dijo. La mujer aseguró que la única forma que tenían de que sus hijos no durmieran en la calle es la okupación, ya que supuestamente nadie les quiere alquilar una vivienda.

CONDENA. El matrimonio fue acusado de un delito de usurpación y el ministerio público solicitó en el juicio –al que no se presentó ninguno de los dos acusados– sendas multas de 900 euros. Por su parte, el abogado de la defensa pidió la libre absolución del matrimonio o, de forma subsidiaria, que se le reconociera el estado de necesidad.

Finalmente, el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo dictó sentencia condenatoria e impuso a la pareja dos multas de 600 euros. El letrado defensor recurrió el fallo, pero la Audiencia Provincial de Lugo lo confirmó al considerar que la situación de estado de necesidad no quedó "mínimamente acreditada".

Además de la sanción económica, el matrimonio tendrá que indemnizar al dueño de la vivienda okupada en la cantidad de 170 euros, que fue lo que le costó cambiar las cerraduras que forzaron los acusados.

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