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LOS CAMIONES CISTERNA NO PUEDEN ACCEDER

Anulan la licencia de la gasolinera de Carrefour de Lugo por incumplir la normativa de seguridad

Señal de la gasolinera a la que el juez alude para cuestionar las maniobras de los camiones cisterna
Señal de la gasolinera a la que el juez alude para cuestionar las maniobras de los camiones cisterna
La sentencia del Contencioso Administrativo número 2 de Lugo considera que la instalación, al estar integrada en un aparcamiento, no se adapta a la normativa de prevención de incendios prevista para estas instalaciones

Una sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo acaba de anular la licencia concedida por el Concello para instalar una gasolinera en el aparcamiento del centro comercial Carrefour, al considerar que no cumple la normativa de seguridad en caso de incendio prevista para este tipo de instalaciones y porque está integrada en el propio párking. El magistrado Marcos Amboage da así por buenos algunos de los argumentos planteados por el empresario Raúl Ferreirós, administrador único de la empresa Bipahura SL y propietario de la estación de servicio de Galp de las inmediaciones, en el recurso que presentó en septiembre de 2015 contra la licencia de obra y en la que solicitaba la reposición del inmueble a su estado anterior. 

A pesar de que esta instalación fue cuestionada en su día por partidos y organizaciones ecologistas, al considerar que suponía un riesgo para el río Miño por su proximidad y no cumplía con la normativa urbanística del municipio, la sentencia pasa por encima de estas cuestiones y se centra en los aspectos relativos a la seguridad. Así, mientras el juez recuerda que hay una "declaración de incidencia ambiental positiva, aunque condicionada al cumplimiento o subsanación de una serie de exigencias", sí entiende que esta instalación incumple en varios supuestos "la normativa que la gasolinera debe observar en materia de seguridad en caso de incendio", ya que aclara pese a que en la licencia de obra se contempla que cumple con el Código Técnico de Edificación, la legislación que debe cumplir es la referida a las instalaciones para distribución al por menor de carburantes. 

El principal fallo de seguridad que ve el juez es que los depósitos deberían de estar enterrados fuera del aparcamiento

El principal fallo de seguridad que advierte la sentencia tiene que ver con los depósitos de combustible alojados en el sótano del aparcamiento y que, según la normativa, tendrían que estar enterrados, en una edificación distinta al párking, bajo un forjado y con unas tuberías también soterradas. Sin embargo, en base a los testimonios de los peritos y la documentación aportada, el juez dice que estos depósitos y las tuberías están "semienterrados" en el sótano, al estar rodeados solo por una estructura de hormigón y cubiertos de arena, y que "no hay distancia que separe los tanques de cualquier edificación, porque están dentro de una edificación". 

"La cuestión no es si la instalación ofrece un elevado grado de seguridad, sino si respeta la normativa específica que la sujeta y debemos concluir que no es así", indica el juez. 

Además, el argumento del Concello para autorizar la instalación salvando la normativa urbanística municipal debido a que un Real Decreto de 2013 para el fomento del emprendimiento y con el que el Gobierno central facilitó la instalación de gasolineras en las áreas comerciales, es también matizado en el juez. Así, comenta que esta medida, "lejos de suponer una suerte de carta blanca en cuanto al cumplimiento de las exigencias para las estaciones de servicio, como parece que se ha presentado, mantiene la necesaria sujeción a los requisitos sectoriales que les afectan". 

La sentencia añade que las medidas para fomentar la competencia en el mercado tampoco suponen que deba concederse una licencia de obra para una gasolinera en una gran superficie comercial "a cualquier precio, o prescindiendo de la normativa", para aclarar luego que "una cosa es que las grandes superficies puedan incorporar, al menos, una gasolinera y otra que esta pueda instalarse al margen de la normativa". 

Por todo ello, considera el magistrado que "en el presente caso" no se cumplieron esas normas, "lo que debió impedir el otorgamiento de la licencia para su obra". 

La sentencia es recurrible por las dos partes demandadas –Carrefour y el Concello–, aunque en el caso de la administración local podría haber un desestimiento, dado que en su día el gobierno local matizó que estaba obligado a dar licencia porque el proyecto cumplía la normativa, pero ahora en este fallo se indica que no.

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