El funcionario municipal del área de servicios sociales que esta semana fue "apartado do servizo" por no haberse incorporado al puesto de trabajo, pese a haber recibido el alta médica del Sergas el pasado 9 de enero pasado, aseguró este lunes que una sentencia emitida el día 26 de ese mismo mes avala que todavía sigue de baja.
El trabajador, de 55 años de edad y que lleva en la plantilla municipal desde 1982, explica que es enfermo del corazón y que, tras sufrir un infarto, tuvo que someterse hasta a cinco operaciones en los últimos años, en los que estuvo de baja. Añade que en septiembre de 2014, tras haber agotado los 18 meses de incapacidad laboral transitoria, la inspección médica del INSS decidió darle de alta, una medida que él recurrió judicialmente. El juzgado de lo Social número 1 de Lugo dio la razón al funcionario en un sentencia del 26 de enero de 2015, aunque unos días antes, el 9, el Sergas había decidido cancelar también la baja médica, según el trabajador, "porque el INSS no había notificado la alta y fue en el juicio cuando el Sergas tuvo conocimiento de esa decisión".
Esa segunda alta médica es la que argumenta el Concello para iniciar el expediente por absentismo laboral el 25 de febrero, aunque el funcionario asegura que la sentencia judicial determina que aún hoy sigue de baja.
Además, el empleado municipal rechazó las declaraciones realizadas por el portavoz del gobierno local, Miguel Fernández, quien en rueda de prensa aseguró que desde enero el trabajador no había comparecido en su puesto, "non constando por que". El funcionario asegura que el Concello sí que conocía su situación y, de hecho, compareció en dos audiencias con los instructores del expediente en las que presentó la documentación y la sentencia judicial que revocaba el alta médica.
Aun así, el empleado, que también considera que se incumplieron plazos en la tramitación del expediente, critica que se haya decidido dejarle sin trabajo y advierte de que se va a quedar en una situación precaria. "No voy a tener subsidio de desempleo, mi mujer está paro y tengo un hijo de ocho años y una hipoteca", asegura el afectado, quien añade que tiene que gastar una media de 120 euros al mes en medicamentos. Por ello, ironiza al explicar que va a tener que recurrir a los servicios sociales para ponerse "del otro lado de la mesa" y pedir ayuda.
Para el empleado, el expediente abierto contra él obedece a una "persecución" por parte de altos funcionarios del Concello y políticos que intentaron influir en decisiones que tomaba como empleado municipal, a la vez que cree que se le usa de "conejillo de indias para que otros tomen nota".
Mientras, desde el Concello se reiteraba este viernes que este trabajador fue dado de alta de nuevo el día 9 de enero y que la sentencia judicial afecta solo a la decisión adoptada por el INSS en enero. También se indica que el funcionario puede recurrir esa alta médica, pero que eso no le exime de reincorporarse al puesto en tanto no se resuelve la reclamación.
El funcionario de servicios sociales dice que al quedar sin paro deberá pedir ayuda al Concello y ponerse "del otro lado de la mesa":
