El juzgado de Instrucción número 1 mantiene abierta una investigación contra un funcionario de la Xunta en Lugo, sospechoso de haberse apropiado de los importes de las pólizas que tramitaba. En principio, el caso se lleva por un supuesto delito de negociación prohibida a funcionarios, aunque no se descarta que pueda ampliarse a un cohecho.
Según pudo saber este diario, las irregularidades fueron detectadas por los propios servicios jurídicos de la Xunta, que dieron traslado a la Fiscalía y esta, al juzgado de instrucción. Las investigaciones estarían centradas en las tasas cobradas por los llamados bastanteos de poderes.
El bastanteo es el documento en el que se acredita la comprobación por parte de la administración de que las facultades o poderes de una empresa o un particular son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones ante la administración. Son necesarias en cualquier actuación ante la administración. Por ejemplo, cualquier empresa que aspire a un contrato público presenta su oferta a nombre de un representante de dicha firma, y necesita que la administración reconozca que dicha persona actúa en nombre de esa empresa. Para eso se precisa un bastanteo, por el que paga una póliza, en este caso a la Consellería de Facenda, por el documento que le acredita. Este documento debe ser validado por un letrado de la Xunta.
Es precisamente en el servicio jurídico de la Xunta en Lugo donde trabajaba el ahora investigado, que a pesar de ser un simple auxiliar administrativo se encargaba de tramitar estos documentos para después pasarlos a los letrados. Según se descubrió, no solo se limitaba a quedarse con el dinero que las empresas y particulares pagaban por esta pólizas, sino que inducía a los representantes de dichas empresas a sacar muchas más pólizas de las que en realidad necesitaban.
Al menos dos de los afectados ya han declarado como testigos ante el juez, y han reconocido que el funcionario les instó a sacar más de una decena de estos bastanteos de una vez con la disculpa de que podían tardar mucho en informarse por parte de los servicios jurídicos y que era mejor que hicieran acopio por si acaso. Se sospecha que el funcionario se quedaba también con el dinero de las pólizas sacadas de manera innecesaria.
En realidad, se desconoce la cantidad total de la que pudo apropiarse en todo el tiempo que trabajó como auxiliar en el servicio jurídico de la Xunta de Galicia en Lugo, aunque lo llevaba haciendo al menos durante los últimos cinco años.
Según parece, ni siquiera él fue capaz de aportar una cantidad aproximada durante su interrogatorio como investigado. En el mismo, habría reconocido que, en efecto, se quedaba con el dinero, pero afirmó que simplemente lo guardaba «en depósito». También aseguró que tenía una autorización «del presidente de la Xunta» para hacerse cargo de estos cobros pese a que era simplemente un auxiliar administrativo sin funciones al respecto.
Entre los aspectos que se investigan está si el funcionario ofrecía a las personas que le pagaban las pólizas la posibilidad de acelerar el proceso de certificación del bastanteo, lo que podría derivar en un delito de cohecho.
