El Concello no tendrá que pagar a Urbaser la factura correspondiente a los servicios prestados en agosto de 2008, que ascendía a 485.667 euros, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) corrige una sentencia el contencioso administrativo número 1 de Lugo de hace un año y considera que la deuda está prescrita. La administración local tampoco tendrá que pagar costas ni, lógicamente, los intereses de demora, que en febrero del año pasado sumaban 250.000 euros. El contencioso obligaba al Concello al abono en total de unos 735.000 euros.
En 2008, el Concello retuvo la factura al detectar fallos en el cumplimiento del concreto, como la falta de lavado de contenedores de carga trasera y la utilización de dos vehículos de Lugo en el Ayuntamiento de Ribadeo.
El uso irregular del material fue detectado tras ser implantado en cada camión un sistema de localización GPS. Un técnico municipal llegó a desplazarse un par de veces a la villa mariñana, localizó los vehículos y encargó a un notario que levantara acta.
El expediente, abierto en época de José López Orozco, caducó antes de que entrara el gobierno de Lara Méndez y la deuda también acabó prescribiendo, según determina ahora el alto tribunal gallego. Este recalca que lo que estaba en discusión no era la prestación del servicio ni que la factura hubiera sido presentada (en septiembre de 2018), sino si desde ese momento hasta la fecha de requerimiento de su abono, que se concretó en noviembre de 2012, se produjo alguna reclamación de la deuda que hubiera tenido "virtualidad interruptiva". Estudiado el caso, el TSXG considera probado que no la hubo, por lo que, cuando requirió el abono "ya habían transcurrido los cuatro años para que operarara la prescripción". El TSXG hace referencia al reconocimiento por parte de la empresa de que en 2012 reclamó el pago de la factura tras un "hallazgo casual" de esta.
Contra la sentencia del TSXG, Urbaser puede interponer recurso de casación en el Tribunal Supremo, aunque no es fácil que estos recursos sean admitidos porque para ello el tribunal debe ver necesidad de sentar jurisprudencia.
