El embrollo judicial en el que está envuelto el proyecto de recuperación de la antigua fábrica de la luz vuelve a ser actualidad a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se rechaza la petición del Concello para prorrogar el permiso para continuar las obras en el río Miño para ampliar la potencia de la instalación, dado que admite que esta solicitud ante la Confederación Hidrográfica se hizo fuera de plazo.
El fallo, que fue dado a conocer este jueves por el PP, mantiene el bloqueo a un proyecto que ha derivado en más pleitos, como la petición de rescisión del contrato por parte del concesionaria, la empresa Inca, que exige una indemnización de 2,8 millones por varias razones, entre ellas, por una dilación de los trámites por parte del Concello.
De hecho, el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, consideraba el jueves que la sentencia del TSXG augura un fallo favorable a la demanda presentada por la empresa y que puede derivar en un desembolso millonario por parte del Ayuntamiento. Además, cree que se confirma la "mala xestión" del anterior gobierno de Lara Méndez con este asunto, "unha actuación amparada polas teses da asociación ecoloxista Adega, amplamente defendida polo BNG", añadió. Por ello, Amejide considera que los actuales miembros del gobierno bipartito de Lugo "serán os únicos responsables da indemnización que poderiamos ter que pagar á empresa concesionaria".
FUERA DE PLAZO. La sentencia del TSXG da la razón a los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado en el contencioso entre el Concello y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, ya que considera que la petición de prórroga para la obra de la fábrica de la luz no cumple con ninguno de los requisitos que establece el reglamento de Dominio Público Hidráulico.
La sentencia da la razón a los argumentos esgrimidos por el abogado del Estado en el contencioso entre Concello y Confederación Hidrográfica
Inca se había hecho con el contrato de explotación de la fábrica de la luz tras ganar en 2008 un concurso que fue objeto de investigación judicial y, una vez inició unas obras que llegaron a ser paralizadas por no ceñirse al proyecto, solicitó ante la Confederación Hidrográfica una prórroga del permiso para actuar en el río. El ente estatal instó entonces a que fuese el Concello, como promotor del proyecto, el que solicitase el permiso, aunque los trámites por parte Ayuntamiento se dilataron y el expediente fue finalmente rechazado por considerar la Confederación que se había presentado fuera de plazo.
El gobierno local inició entonces un recurso contencioso que derivó en esta sentencia desestimatoria del TSXG, la cual obliga además al Concello a asumir 1.500 euros de costas procesales.
Antonio Ameijide recordaba este jueves que su grupo municipal ya advirtió en 2017 al gobierno socialista que era necesario pedir la prórroga de las obras con dos meses de antelación antes de que finalizase el plazo de ejecución y que, pese a ello, la solicitud se hizo "o día anterior a rematar o prazo fixado para os traballos". Además, dijo que esa petición carecía de documentos básicos, como acreditar las obras ejecutadas y las pendientes. "Aínda agardamos a que se comuniquen as causas que produciron os atrasos", añadió.
También destaca el edil del PP que en la sentencia se recuerda que el Concello tuvo "a posibilidade real e certa de solicitar a prórroga xa que, se a empresa concesionaria coñecía a necesidade de solicitar a prórroga, o Concello de Lugo tamén, ademais de estar obrigado a solicitala", dice.
Finalmente, Ameijide se lamenta de que el gobierno local hiciera "caso omiso" a las advertencias realizadas polos populares.
