El recurso al silencio como estrategia de defensa parece cada vez más extendido entre los muchos imputados en los diferentes macrosumarios que instruye el juzgado 1 de Lugo. Este miércoles quienes se negaron a responder a las preguntas de Pilar de Lara fueron tres de los imputados clave en la trama lucense de la operación Pokemon. El cuarto sí habló, pero solo lo necesario para desvincularse en lo posible de los delitos de falsedad en documento mercantil, delito contable, delito societario y administración desleal o fraudulenta de los que se les acusa.
Los cuatro habrían cometido esos delitos en relación con la empresa Cechalva, concesionaria de la grúa en Lugo. Estaban llamados a declarar los socios de esta firma, el asturiano Jorge Pío Cecchini y los lucenses Manuel Santiso y Demetrio Arias, además del cuñado de este, Javier Reguera, de quien los investigadores sospechan que era el auténtico socio y que usó a Arias como hombre de paja. Reguera podría haber actuado, a su vez, como testaferro del exconcejal Francisco Fernández Liñares en varios negocios.
Liñares ya se negó a declarar el pasado lunes, y Santiso, Reguera y Arias siguieron este pasado miércoles su ejemplo. Las preguntas en este caso tenían que ver con las irregularidades detectadas en el funcionamiento de Cechalva, desde facturas infladas o directamente falsas a contabilidad en B, pagos en dinero negro o evasión fiscal. Este funcionamiento es el que denunció otro de los fundadores de Cechalva, José Luis Álvarez, también imputado y que el martes sí que respondió largo y tendido a De Lara para ratificar todas sus denuncias al respecto.
Estas incluían el pago mensual de 2.000 euros a través de la caja B que se anotaban como pago al alcalde, si bien Álvarez reconoció que no estaba seguro de que José López Orozco fuera realmente el receptor final de ese dinero, y que era Javier Reguera el que ordenaba la anotación y se lo llevaba.
El único que sí aceptó responder a alguna de las preguntas de la jueza fue Jorge Pío Cecchini. Fue una declaración de poco más de diez minutos y, según confirmaron los abogados de Orozco a Europa Press, se limitó a desvincularse totalmente de la gestión diaria de Cechalva, la empresa que él había creado junto a José Luis Álvarez, y por tanto de cualquier irregularidad que se pudiera haber detectado.
Más imputados
Y parecen haberse detectado muchas, según se refleja en los informes sobre la documentación incautada. De hecho, los cinco imputados que han pasado esta semana por el juzgado solo son los primeros de una lista que incluye al menos a otros siete, que están citados para mediados de este mes.
Se trata de un asesor fiscal que llevaba las cuentas de Cechalva y del empleado de la empresa que se encargaba de validar las facturas, además de cinco empresarios autónomos que hicieron trabajos o suministraron mercancía a la firma que supuestamente habrían adulterado facturas. Estos últimos están citados por un delito de falsedad en documento mercantil.
