Tratan de frenar el concurso del Gran Hotel con una tasación de 17 millones

El juzgado analizó la petición de nueve extrabajadores de que se nombre un administrador concursal
Vista celebrada en el mercantil
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El juzgado de lo mercantil celebró este lunes la vista para decidir si declara en concurso necesario de acreedores del Gran Hotel, una petición presentada por nueve extrabajadores y otro que sigue en activo a los que adeuda unos 254.000 euros. En la vista, como uno de los argumentos para tratar de demostrar que la empresa puede hacer frente a sus múltiples deudas, el letrado del establecimiento hotelero presentó una tasación, realizada en 2010, que valora el edificio en 17 millones de euros.

Además, Proalsa alegó que la semana pasada hizo efectivo en dos de los tres juzgados de los social que mantienen causas contra ella el primer plazo de los 22 a los que se había comprometido para satisfacer las indemnizaciones y salarios atrasados.

No obstante, ninguno de estos argumentos convenció a los denunciantes, que llamaron la atención sobre el hecho de que la tasación fuera un encargo de la propia Proalsa hecha hace cinco años, cuando el mercado era otro. Además, el letrado de la CIG, que representa a los trabajadores, explicó que sobre dicho edificio pesan numerosas cargas y dos hipotecas en ejecución. De hecho, está solo pendiente de fecha para ser sacado a subasta pública, por una de esas hipotecas impagadas, de seis millones.

Los demandantes tampoco consideraron significativo el pago de ese primer plazo en dos juzgados de los social, ya que se limitó a 3.000 euros. Este dato es para ellos, de hecho, otra prueba más de que no existen garantías de que van a pagar las deudas, ni siquiera de que sean capaces de generar dinero.

Las partes no descartan que este mismo martes se pueda conocer la decisión del juzgado mercantil. Si declara el Gran Hotel en concurso necesario de acreedores, los actuales gestores del establecimiento serán apartados de la gestión y se designará un administrador concursal.

La actual administradora es María Isabel Martínez, hija de José Martínez Núñez, propietario del grupo que controlaba el Gran Hotel de Lugo, el de Ourense y el de Santiago. Había sido detenida junto a un hermano en una operación de compra-venta supuestamente fraudulenta de estos hoteles a Ángel de Cabo.

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