¿Se trabaja de más en el Concello de Lugo?

El gobierno local recuerda a sus trabajadores que no pueden hacer funciones superiores a su puesto, para evitar reclamaciones económicas en el juzgado, como los 90.000 euros que la administración debe pagar ahora
OFICINAS
photo_camera Oficinas municipales de la Ronda da Muralla. SEBAS SENANDE

Una circular enviada por el concejal de Recursos Internos, Pablo Permuy, a los trabajadores del Concello, con especial repercusión para los jefes de servicio, ha provocado revuelo entre el personal municipal y la reacción crítica de la oposición municipal, del PP. 

En el escrito se insta a los trabajadores a que no hagan tareas ni asuman responsabilidades que no les corresponden por su puesto. A los jefes de departamento se les recuerda que deben abstenerse de dictar órdenes al personal que impliquen funciones de superior categoría profesional. De lo contrario, la administración podría exigirles "responsabilidade administrativa, económica e disciplinaria", advierte el concejal. Esa responsabilidad será extensible también a los supuestos en los que, aunque no sean ellos quienes encomienden esas funciones, tengan conocimiento de ellas y las consientan. En caso de ser necesario que un trabajador asuma una función superior a la que le corresponde será la administración quien la encargue, "sempre polas canles legalmente establecidas", precisa el edil. Son las atribuciones temporales de funciones.

¿Por qué se pide que no se asuman funciones impropias?

El concejal explica que es solo un recordatorio de algo que tiene base legal y de lo que no tiene que haber dudas. Cada puesto de trabajo tiene asignadas unas funciones y a ellas es a las que se tiene que atener el trabajador que lo ocupa. Hay situaciones en las que el empleado realiza otros cometidos, a veces por indicación de un superior, otras por iniciativa propia y en algunos casos porque las funciones que tiene atribuidas su puesto no se corresponden a la realidad actual del mismo. En algunos casos, esos trabajadores acaban reclamando en el juzgado que se les pague por esas funciones y, aunque no siempre, la mayoría de las veces ganan y el Concello tiene que acabar haciendo frente a unos gastos no previstos. Esta no es una situación nueva, pero Permuy quiere evitar que se siga produciendo, asegura. El Concello tiene pendiente de abonar más de 90.000 euros a trabajadores de distintos servicios. 

Algunos trabajadores hacen funciones superiores porque sus puestos están desactualizados, porque reciben esa encomienda o para percibir más salario


¿En qué servicios el personal excede sus funciones?

Son diversos los servicios donde hay trabajadores que realizan funciones impropias y que van más allá de su cometido. Un ejemplo puede ser el de los auxiliares administrativos, ya que las funciones que establece para ellos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) hace tiempo que se han quedado desfasadas. Hubo incluso algún auxiliar que alegaba que hacía funciones de jefe de negociado. Aunque uno de los servicios donde más reclamaciones al juzgado se han producido es la brigada de aguas. Los operarios alegan que también ejercen como oficiales, aunque la única función añadida de este es la de supervisión del trabajo. Llevan años acudiendo al juzgado y ganando casi siempre. También hubo alguna sentencia en contra, como la de un trabajador que reclamaba una cantidad importante y que recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El pronunciamiento que haga el alto tribunal será determinante.

El pago por funciones de categoría superior también era recurrente en la Policía Local cuando había puestos de mandos vacantes. Otro personal que puede estar en esa situación es la de técnicos que también elaboran propuestas de gasto, por ejemplo. Deportes y Urbanismo son áreas donde también hubo reclamaciones y el juzgado obligó a pagar.

¿Qué repercusión tiene para los ciudadanos esta directriz?

El gobierno mantiene que es una cuestión de organización interna que no tendrá ninguna repercusión para los ciudadanos, salvo ese buscado ahorro económico. En otros ámbitos, incluido el PP, lo que se teme es que se bloquee el funcionamiento de algunos servicios, o de parte de ellos, en el momento en el que esos trabajadores que hacen funciones superiores a las que les corresponden dejen de desempeñarlas. Permuy cree que eso no sucederá. "Sempre haberá quen as faga", afirma. Los jefes tendrán que reorganizar los servicios, señala. No obstante, admite que también será necesario revisar y actualizar las atribuciones de algunos puestos. "Algunhas están anticuadas, non reflicten a realidade do posto", señala. Cree que esta revisión puede ser relativamente rápida porque en principio no tiene implicación económica. 

El PP critica la forma y cree que  hay que cubrir y redifinir puestos

El PP es crítico con la circular de Permuy por la forma y el fondo. Cree que descarga mucha responsabilidad (incluso económica y disciplinaria) en los jefes de servicio y acepta que la medida puede ser necesaria pero primero habría que cubrir las plazas vacantes y redifinir funciones donde sea necesario. De lo contrario, que la actividad y el servicio a los ciudadanos puede resentirse, advierte.

Otras sentencias: 48.675 euros para el jefe de la brigada de aguas

El Concello tendrá que pagar 48.675 euros al jefe de la brigada de aguas en virtud a una sentencia que apoya su reclamación económica por hacer guardias localizables. Esa demanda, en concepto de productividad, corresponde al periodo comprendido entre los meses de septiembre de 2017 y de 2020. Ese año, el Concello aprobó una nueva relación de puestos de trabajo en el que esa disponibilidad fue reconocida ya con un aumento del complemento específico. 

El Concello también tiene pendiente de readmitir en su puesto a la exjefa de Persoal, cuya destitución el juzgado anuló, y de incorporar a una persona que trabajaba para una empresa que presta servicio en el área de Deportes como sucedió con las trabajadoras del 010.

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