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"Si las calles son mías las doy, pero si a cambio me da algo el Concello"

Acceso a la urbanización desde la carretera de Meira. J.VÁZQUEZ
Acceso a la urbanización desde la carretera de Meira. J.VÁZQUEZ

El dueño de suelo en Castro Gil está dispuesto a ceder los viales, cuya titularidad aún se discute y cuyo deterioro desespera a los vecinos

El deterioro de las calles de Castro Gil y el abandono público que, según quienes la habitan, vive esta urbanización de A Fervedoira agotó la paciencia de sus vecinos, una treintena de familias. Hace algo más de un año constituyeron una asociación e iniciaron un periplo por las administraciones públicas para tratar de determinar de quién es la responsabilidad de mantener en buen estado los viales y las aceras, sin que hasta el momento hayan obtenido datos concluyentes. Esperan conseguirlos esta semana, tras acudir al Registro de la Propiedad y al Catastro para comprobar si, como apuntan diversas fuentes, las dos calles principales de la urbanización son ya de titularidad municipal, y por tanto el Concello debe asumir su mantenimiento, y si las otras dos pertenecen a los herederos de Xabarda, el empresario que hace años compró terrenos que fueron embargados al promotor.

Ni siquiera el hijo de Xabarda, Alberto Lugilde, tiene la certeza de que esos dos viales sean de su propiedad, según explica a este periódico. Si así fuera no tendría inconveniente en traspasarlos al Ayuntamiento, pero "con alguna contraprestación". Le vale dinero, suelo o facilidades para edificar, ya que de todo el terreno que su padre adquirió en su día la mayoría es rústico, dice. Solo una pequeña parte es edificable, pero con limitaciones, ya que por él discurre el río Fervedoira. Explica que la familia presentó alegaciones al PXOM en su momento y que no fueron aceptadas. "No le voy a dar 10.000 metros al Concello por las buenas, que me dé algo a cambio", pide.

INDEFENSIÓN. A los vecinos les da igual de quién sean las calles, lo que quieren es que el o los responsables las arreglen. "Llevamos así treinta años. A finales de 2017 creamos la asociación para tratar de buscar una solución y desde entonces estamos en el Ayuntamiento con este tema. En julio del año pasado, el concejal de infraestructuras [Manuel Núñez] nos dijo que había pedido un informe al Catastro, pero seguimos sin saber nada y ya no sabemos si el informe se pidió o no. Por esto estamos llamando a más puertas", explica Yanel González, presidenta de la asociación vecinal.

La portavoz explica que, según la sede virtual del Catasto, las dos calles principales están a nombre del Concello, pero para salir de dudas y tratar de que la administración local haga frente a sus obligaciones, el colectivo solicitó la información al Catastro. Sobre las otras dos no existen datos, explica González, que esta semana acudió al Registro de la Propiedad para tratar de confirmar si pertenecen a los herederos de Xabarda. "Si son de este señor tendrá que tenerlas en condiciones, tendrá que tener un seguro de responsabilidad civil... Si yo tengo un accidente ahí, ¿qué pasa?", inquiere González.

Sobre las otras dos calles, los vecinos cree que la administración local se escabulle de sus obligaciones. Los residentes pagan el Ibi y reciben algunos servicios, "pero a medias", señalan. A la urbanización llegan los camiones de recogida de basura, pero no los de limpieza, dicen. También tienen alumbrado público, traída de agua y red de saneamiento -parte de las dotaciones fueron realizadas hace décadas por la Diputación, recuerdan otros vecinos-, pero en cambio las calles están sin nombrar y el Concello rechaza colocar señales de limitación de velocidad o pintar pasos de peatones porque duda de que los viales sean suyos, según la versión de los vecinos. Recientemente, el gobierno local indicó que el Catastro "ten ditos viais en investigación, para determinar se son terreos públicos ou privados. Se son de titularidade pública executaranse tarefas de mellora e acondicionamento".

A González, que es vecina reciente de Castro Gil, tampoco le cuadra que el promotor de las viviendas no hiciera en su día los trabajos de urbanización al que, por ley, estaría obligado. "Estamos intentando hacer el puzzle de la situación, porque estamos vírgenes en este asunto y el Ayuntamiento tampoco nos aclara", explica la portavoz de los vecinos. Barajan contratar a un abogado para estudiar la normativa y exigir sus derechos con todas las garantías.

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