Los ciudadanos piden recobrar servicios que siguen limitados tras la pandemia

Algunas medidas sanitarias parecen lógicas y han venido para quedarse, pero otras suponen un recorte de derechos
Varias personas haciendo cola ante una oficina de empleo. AEP
photo_camera Varias personas haciendo cola ante una oficina de empleo. AEP

La pandemia de covid nos ha cambiado la forma de vivir y de trabajar y algunas de esas nuevas formas parecen lógicas y seguramente han venido para quedarse, como el uso de mascarilla en ámbitos sanitarios o en la relación con personas vulnerables o la mayor seguridad en el acceso a edificios públicos. Sin embargo, con esos pretextos y con otros, y en algunos casos sin explicación, simplemente por inercia o por el deseo de reducir gasto, se mantienen limitaciones que hacen más difícil la vida a los ciudadanos y que en algunos casos son en el fondo recortes de derechos.

Enfermos y familias ya no tienen la posibilidad, por ejemplo, de dirigirse a la oficina de atención al paciente del Hula, que pasados dos años de la pandemia sigue cerrada. La opción que les queda si quieren hacer una reclamación o solicitar el adelanto de una cita médica es rellenar un impreso y entregarlo en el registro del hospital, lo que dificulta la gestión a muchas personas.

Los protocolos en el ámbito sanitario se han flexibilizado, pero relatos de pacientes a los que les cuesta conseguir una cita presencial con el médico de cabecera, entrar acompañados a una consulta o pasar un cepillo de dientes a un familiar que está dos días en una sala de un hospital público esperando por una cama reflejan que hay cuestiones por mejorar, sin que ello supongan riesgo para la seguridad ni de trabajadores ni de otros enfermos.

Pero si hay un cambio que se introdujo en muchos lugares y que enfada sobremanera a los ciudadanos es la cita previa y la obligación de esperar en exteriores, ya sea de oficinas públicas o privadas, como sigue sucediendo en algunas entidades bancarias. El trámite supone un obstáculo para las personas menos hábiles con las nuevas tecnologías y la sensación es de que, en muchos casos, se tarda más en ser atendido. En varias ocasiones trascendieron quejas de administrados que no tenían cita a tiempo en el Concello para entregar papeles y tenían que recurrir a otros registros.

La atención telefónica preferente a la presencial es una medida que también perdura en muchos centros y que en algunos casos resulta útil y ahorra tiempo y desplazamientos y en otros, dificulta la gestión que se quiere hacer.

Otra queja muy extendida es la de familias que sufren los horarios escalonados de entrada a los colegios de hijos de distintas edades. Cuando no hay ya límites de aforos en ningún contexto y hasta la mascarilla es opcional, resulta incomprensibles los horarios diferenciados, que además suponen merma de la jornada escolar.

Repartidores que siguen mandando el paquete por el ascensor representan otra medida con poca razón de ser en términos sanitarios en este momento.

Más control en aras de una mayor seguridad y que también tiene lectura política

Hay medidas que llegaron por razones sanitarias y se quedan por otras. Sucedió con el control de accesos a los edificios municipales de la Praza Maior y la Ronda da Muralla, donde cualquier persona podía llegar casi a cualquier oficina.

El Concello contrató un servicio de seguridad ante el que hay que identificarse con nombre, DNI y teléfono y al que hay que comunicar qué servicio se va a visitar. "É un servizo máis en prol da seguridade nas dependencias públicas, igual que teñen a Deputación, a Xunta, a Subdelegación do Goberno e o resto de organismos públicos", explica el gobierno, que, al menos en el caso de la Praza Maior, supervisa a posteriori la hoja de entradas.

Las limitaciones para hacer consultas en servicios como urbanismo, que afectan incluso de forma interna, también generan quejas. El gobierno dice que obedece al intento de cambiar dinámicas de funcionamiento, pero hay quien ve un cariz político en algunas medidas, como la de no haber recuperado las ruedas de prensa para informar de acuerdos de gobierno. En el resto de administraciones sí hay.

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