El Ayuntamiento de Lugo no presentará recurso de casación frente a la sentencia del TSXG sobre la Fábrica de la Luz, en la que se declara resuelto el contrato de la concesión de la obra de recuperación y concesión de la explotación de la minicentral, actuación que fue contratada en el 2008 y que se encuentra paralizada y judicializada desde el año 2015. La decisión se sustenta en un informe de la Asesoría Jurídica municipal, en el que se advierte sobre la poca garantía de éxito del mismo, indicando que “a prosperabilidade dun eventual recurso de casación ante o Tribunal Supremo é moi escasa, tanto en canto á súa admisión como, de ser o caso, a unha posterior estimación”.
Por este motivo, y con ánimo de aminorar los costes económicos para el Ayuntamiento, el Gobierno local procederá a ejecutar la sentencia, que cerró con la empresa adjudicataria, Inca Servicios y Proyectos de Ingeniería Civil, un acuerdo transaccional en el que solo pagará los intereses desde la notificación de la sentencia hasta la firma del citado acuerdo. También se fija la forma de abono de las cantidades estipuladas en la sentencia.
Así, se establecen dos pagos, un primero de 150.000 euros en el plazo máximo de diez días naturales a la firma del citado acuerdo con INCA, y un segundo de 1,5 millones antes de 1 de junio del 2021. Estos abonos son en concepto de daño emergente, de lucro cesante y la devolución de la garantía definitiva que tuvo que poner la empresa adjudicataria.
Quedaría pendiente un tercer pago, de 724.090 euros, también en concepto de daño emergente referido a las suministraciones, pero que está condicionado a que, tal y como dice la sentencia, INCA entregue al Concello todos estos materiales “aos que se refiren as facturas correspondentes, acompañando toda a documentación pertinente, inclusive los certificados o documentos acreditativos das garantías legais”, y previa verificación por parte de los servicios técnicos municipales. De ser así, el tercero abono deberá realizarse antes de 1 de marzo del 2022.
El Ayuntamiento y la empresa presentarán, tras el desembolso de los 150.000 euros, un escrito conjunto solicitando al Juzgado del Contencioso-Administrativo que se dicte la resolución que ponga fin al proceso y pieza de ejecución provisional por haber alcanzado ambas partes un acuerdo extrajudicial para la ejecución de la sentencia.
Además, el Ayuntamiento procederá a estudiar la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal municipal, tal y como establece la ley cuando existe una sentencia contraria a los intereses del Ayuntamiento que incluya indemnización a los lesionados. A este respeto, el Ayuntamiento solicitará un informe a la Asesoría Jurídica municipal, según se acordó en pleno.
