La situación que se vive en el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara, no deja de empeorar y ha entrado en un momento crítico. Además de al expediente sancionador que le ha abierto el Consejo General del Poder Judicial por haber colapsado el juzgado con su manera de instruir los macrosumarios que acumula, ahora se tiene que enfrentar a una ausencia casi total de comunicación con sus funcionarios, algunos de los cuales se niegan a cumplir peticiones de De Lara ante el riesgo de cometer irregularidades.
La quiebra total de confianza se ha hecho patente en una diligencia que acaba de emitir la letrada de la Admistración de Justicia del juzgado (LAJ, figura antes conocida como secretaria judicial), en la que responsabiliza a la propia magistrada del desorden en el sumario de la operación Pokemon, desorden que De Lara había tratado previamente de endosar a la letrada. Además, le advierte de que no puede cumplir el trabajo que le encarga porque implicaría "una alteración de la tramitación practicada en la instrucción".
El origen se sitúa en una serie de escritos presentados por el abogado de José López Orozco en este caso, en los que pide explicaciones por numerosas irregularidades que había detectado: tomos que no se corresponden con los anteriores, folios que aparecen y desaparecen, diligencias aprobadas pero sin incorporar desde hace años, datos que benefician a su cliente pero no se han incluido...
En una providencia, Pilar de Lara responde a ese escrito eludiendo cualquier responsabilidad y endosándola a la secretaria, a la que ordena "la adecuada formación del procedimiento".
La decisión de la magistrada de cargar en trabajadores del juzgado los errores y retrasos ha roto casi por completo la comunicación
RESPUESTA. Lo que seguramente no esperaba es recibir por escrito, en una diligencia comunicada a todas las partes, una respuesta de esa contundencia. En ella, la JAT empieza por rectificar los datos de De Lara, que decía que la pieza constaba de 92 tomos cuando en realidad "son 104, con un total de 60.000 folios". "La formación de la instrucción", le recuerda, "se realizó bajo las órdenes directas de la magistrada, bajo cuyo poder se encontraba durante la tramitación de la misma".
En ese sentido, incide en que "la formación de autos, de ordinario, se practica por el orden cronológico por el que acontece el hecho procesal, extremo que no se ha respetado en el presente proceso por causa varias y ajenas a esta letrada".
Para finalizar, informa de que cumplir la orden de Pilar de Lara "supondría, de facto, una alteración de la tramitación, por lo que no se puede cumplir el requerimiento". A cambio, le ofrece si quiere volver a formar los tomos desde cero y en el orden que deben respetar, pero a continuación le recuerda que "el plazo de prórroga de instrucción finaliza del día 6" del mes que viene.
Este escrito rompe además la línea de flotación de la defensa de Pilar de Lara para tratar de evitar la suspensión de siete meses que le ha impuesto el CGPJ; y que se basaba en su mayor parte en la carencia de medios y en que los retrasos e irregularidades detectados era responsabilidad de algunos de sus funcionarios y, en especial, de los distintos JAT que ha tenido, hasta cinco en los últimos años. Todos ellos terminaron por pedir el traslado ante la presión a la que se les sometía y en algún caso hasta cayeron en bajas laborales por depresión.
El motivo es un olvido en solicitar la prórroga de las intervenciones telefónicas que se acaba de detectar, y que sucedió el pasado mes de septiembre. Las medidas limitativas de derechos fundamentales, como son las intervenciones de las comunicaciones, han de renovarse y justificarse mes a mes.
Sin embargo, en este caso el juzgado se olvidó de pedir esa prórroga el pasado mes de septiembre, aunque sí lo hizo en los siguientes meses. Sin embargo, Fiscalía considera que se trata de un error insubsanable que de facto convierte en nulas todas las escuchas realizadas desde entonces y todas las actuaciones, decomisos de droga, detenciones y pruebas recogidas desde entonces.
Se trata de una operación contra el tráfico de hachís que en los últimos dos años ha llevado a los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo por media España, desde Andalucía a Cataluña.
