La Consellería de Sanidade descartó el jueves hacerse cargo del traslado de los cuerpos enterrados en los nichos del cementerio de Muxa declarados ilegales y sobre los que pesa una orden judicial de derribo.
La postura de la Consellería de Sanidade da tiempo a los vecinos, entre algunos de los cuales empezó a cundir esa jornada el nerviosismo al conocer que el Ayuntamiento tiene ya listo el proyecto para tirar las sepulturas. Algunos de los afectados por la sentencia comenzaron a barajar incluso la organización de movilizaciones.
No obstante, hay vecinos afectados por la sentencia que siguen confiando en una solución legal que pase por frenar la sentencia que estableció el derribo. Su objetivo es sacar adelante un proyecto de legalización del cementerio.
Sanidade dice que el traslado de los cuerpos debe hacerlo una empresa y que solo le compete autorizar el traslado
Para quienes aspiran a esa solución legal, el desencuentro entre Ayuntamiento y Sanidade sobre la responsabilidad en el traslado de los restos es una vía para ganar tiempo. Así, el Ayuntamiento aprobó el miércoles el proyecto de demolición, pero aseguró que no lo ejecutará mientras Sanidade no retire los cuerpos.
Mientras el Concello delegaba esa responsabilidad en la Xunta, esta replicaba que no es competencia suya la exhumación de los cadáveres. Sanidade defendió el jueves, en nota de prensa, que solo le corresponde dar los permisos para el traslado de los restos. Las tareas de exhumación y traslado de los cuerpos debe ser realizada por una empresa autorizada, algo que ya se comunicó en su día al Ayuntamiento, señaló el departamento de Sanidade de la Xunta.
Entre las familias afectadas por la sentencia cunde la indignación. Además de tener que trasladar a sus difuntos, algo siempre muy delicado, tendrán que asumir los costes del derribo.
El proyecto aprobado por el Ayuntamiento supone un gasto de 123.000 euros y el organismo local hará los trabajos bajo el sistema de ejecución subsidiaria, lo que supone que pasará al cobro de las familias el dinero que se invierta en tirar las sepulturas.
La ampliación ilegal del cementerio tiene ya décadas y la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena su derribo es consecuencia de la denuncia presentada por un vecino, pedáneo de la parroquia.
