Los gimnasios y centros de actividad física de la provincia tienen tantos motivos como la hostelería o el turismo para alzar la voz y quejarse de la situación económica en la que se encuentran a causa de las limitaciones que bloquean el normal desarrollo de su actividad profesional.
En Lugo, el sector del deporte es de los pocos servicios —si no el único— que no ha tenido ningún caso de contagio por coronavirus en sus instalaciones. En el conjunto de Europa la realidad es la misma, se registró un contagio por cada cien mil visitas a un gimnasio.
El presidente de la Asociación de Gimnasios de Lugo, José Manuel Gómez Suárez, asegura que estos datos solo evidencian que los gimnasios y centros deportivos son lugares completamente seguros a los que las medidas de restricción de aforo están poniendo en una situación económica cada vez más delicada. Cuenta que cumplen con todos los protocolos que les exigen y que el ejercicio físico es una actividad esencial para el ciudadano y su salud.
Por ello, José Manuel se pregunta, al igual que el resto de miembros de la asociación, hasta cuándo van a durar estás limitaciones. "Hasta mayo estuvimos teniendo clases en salas de 100 metros cuadrados a las que solo podían asistir cuatro personas y un monitor", una situación que califica como insostenible para los gimnasios de la provincia.
Para Gómez, los centros deportivos prestan un servicio público a la sociedad. "Somos los que hacemos la prevención contra las enfermedades físicas y emocionales; los sanitarios atienden dichos problemas, pero nosotros los prevenimos", dice el presidente de los gimnasios. Además, advierte de que si la economía no despega el deporte se va a acabar por convertir en un lujo al alcance de pocos, agrandándose la desigualdad en un terreno ahora tan accesible como es el ocio saludable. "Porque ir al gimnasio es también una actividad social que da felicidad. La idea tiene que ser el fomento de una sociedad sana", remarca.
Este año los gimnasios lucenses han facturado un 50% menos que en 2019. Si las restricciones no cambian, muchos cerrarán
CRISIS. Los dos últimos años han sido terribles para el sector: "En 2020, facturamos un 90% menos que el año anterior y, este año, un 50% menos respecto a 2019", señala. La asociación, en activo desde 1992, avisa de que el deterioro del sector ya es palpable. "Queremos volver a tener los aforos completos y que los aproximadamente 50 establecimientos deportivos de la provincia puedan así rentabilizar su negocio", comenta Gómez.
Los Ertes son el motivo principal por el que muchos monitores y técnicos mantienen hoy su puesto de trabajo. Desde la asociación esperan que se prorroguen otra vez en septiembre. Si cualquiera de estas dos circunstancias no se cumple, desde la asociación dan por hecho que muchos profesionales del deporte se verán sin trabajo y muchos centro deportivos privados tendrán que echar el cierre.
Este amargo escenario no estaría tan lejos de hacerse realidad y supondría, por tanto, una regresión total en la tendencia de crecimiento que presentaba el sector gimnasios en la última década. Cabe recordar que Galicia es la cuarta comunidad de España en número de empresas que tienen como principal actividad económica la prestación de servicios relacionados con el deporte.
Un Iva del 10%, su principal reivindicación
Esto supondría un beneficio para los ciudadanos ya que un mayor número de personas se podrían permitir ir a un centro deportivo. También para las administraciones, "porque el deporte es salud", afirma rotundo José Manuel Gómez. "No tiene sentido que uno vaya al Bernabéu a ver al Real Madrid y pague un 10% de Iva y, sin embargo, vaya a ejercitarse y pague un 21%".
Deporte como inversión
Desde la asociación proponen que, como ya ocurre en muchos países, se establezca una desgravación fiscal para el usuario que acude a un gimnasio. Esto supondría un estimulo para la ciudadanía, que pasarían a ver el deporte como una inversión en sí mismos, en vez de como un gasto.
Ahorro para Sanidad
Un informe del Consejo Superior de Deporte asevera que cada euro invertido en deporte supone un ahorro de 2,90 euros para el sistema sanitario y farmacéutico público porque previene al usuario de la aparición de numerosas patologías.
